El conflicto por el control del portugués BPI, problema de Estado

Los dos primeros accionistas del banco portugués BPI, CaixaBank (44%) y la empresaria angoleña Isabel dos Santos (18,5%) negocian una solución al enfrentamiento que mantienen desde hace un año, pero con fuertes cartas detrás. El Gobierno portugués quiere acabar con el límite de los derechos de voto para casos estratégicos (como BPI), pero el Gobierno de Angola, que preside desde hace 36 años el padre de la empresaria, amenaza con expropiar el banco BFA, donde el BPI tiene el 50,1% y la angoleña el resto, según publica hoy Jornal de Negocios.

Las noticias de anteayer sobre las negociaciones entre las dos partes y que el Gobierno portugués tomaría esa iniciativa legal ante la falta de acuerdos disparó la acción del BPI un 12% antes de que el regulador bursátil suspendiera la cotización. Ayer, los títulos de la entidad iniciaron la sesión con una subida del 4%, pero cerraron la jornada con una caída del 1,7%.

El año pasado, CaixaBank lanzó una OPA sobre el 100% de BPI a condición de que, previamente, la junta del banco aprobara el fin de la limitación del voto al 20%, un techo que le impedía a la entidad española ejercer el poder sobre su participación real: el 44% del capital. Su pretensión fue rechazada por Isabel dos Santos, que tiene el 18,5% del BPI, además de otro 2,5% a través de otro banco suyo, el BIC. Con esta oposición, se bloqueó el proceso de CaixaBank porque necesitaba dos terceras partes de los votos.

Dos Santos ofertó, por otro lado, una fusión entre BPI y BCP, donde detenta indirectamente un 20% a través de Sonangol, la empresa petrolífera estatal angoleña. Aunque este sector hasta hace poco lo llevaba un vicepresidente del Gobierno angoleño, a raíz de la crisis petrolífera desencadenada tras el brusco descenso del precio del crudo en los mercados internacionales, se decidió hace unos meses que la hija del dictador también llevara Sonangol.

La negociación es compleja. La salida más limpia es que Dos Santos venda sus acciones en BPI a Caixabank y que se quede con el 100% del banco angoleño BFA

Como los dos tercios del voto es un arma de ida y vuelta, CaixaBank ejerció su poder y se opuso a la fusión. Desde entonces, BPI, el segundo banco portugués en beneficios, está paralizado en un momento crítico para el sistema financiero luso. A esta situación se añade la entrada en vigor de dos normas del Banco Central Europeo (BCE) que afectan al sector: la responsabilidad en las pérdidas de un banco recaen en los accionistas y en los depositantes con más de 100.000 euros, y se debe cubrir el 100% de los riesgos bancarios por los países donde rijan las normas compatibles con las europeas (caso de Angola y Mozambique).

En el primer caso, el Gobierno portugués, que tenía el 60,5% del Banif, tuvo que venderlo a toda prisa al Santander por 150 millones, (tras haberle inyectado más de 3.000 millones). En el segundo caso, el BPI tiene hasta 10 de abril para cubrir todos los riesgos, que suponen miles de millones, o recibir una multa diaria del BCE que sería inasumible.

En ese escenario —y en medio de fuertes presiones de Bruselas, que ve en Lisboa uno de los talones de Aquiles de la eurozona—, Dos Santos y CaixaBank negocian la venta de activos. Sin embargo, también se pueden intercambiar las posiciones. Lo más natural sería que Dos Santos saliera de BPI y el propio BPI saliese del BFA para que Dos Santos se quedase con el 100% de la entidad africana. Pero en un culebrón como este, cualquier cosa puede suceder.

La caída de BPI en Bolsa añade complejidad de las negociaciones, según los analistas del banco de inversiones Haitong. La paz debería llegar, eso sí, antes del 10 de abril, a partir del cual el BPI podría tener que pagar la citada multa diaria de 165.000 euros.

Las alternativas que se manejan ahora son la venta de la parte accionarial de Dos Santos en BPI, lo que conllevaría a continuación una OPA de CaixaBank sobre el resto del capital, si las normas lo permiten, al mismo precio propuesto hace un año. Otra alternativa es que se acepte la solución del BPI: la creación de una sociedad con los mismos accionistas, que detentaría los activos africanos, con lo cual el banco dejaría de tener riesgos directos en aquellos países.

Aunque Dos Santos, en una entrevista reciente a The Wall Street Journal, declarara que no hace negocios con dinero público de su país, lo incontestable es la connivencia del Gobierno de su padre y las sociedades de su hija. Otra de sus empresas, la operadora Unitel, no paga dividendos a Portugal Telecom desde 2014; y la última de sus adquisiciones en Portugal, Efacec, una empresa de ingeniería eléctrica, consiguió un contrato en Angola para todos los pantanos del país, poco después de que Dos Santos comprara la empresa (a través de una sociedad ficticia de la zona franca de Madeira).

Portugal es muy dependiente de su antigua colonia. El auge petrolífero de Angola, el segundo de la África negra, llevó allí a miles de empresarios y trabajadores portugueses, especialmente en proyectos de obra pública. A raíz de la caída del precio del petróleo, cada mes regresan cientos de portugueses porque no hay ya trabajo o porque, simplemente, les han dejado de pagar.