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Bankia recurre seis sentencias favorables a inversores institucionales

La entidad provisiona 1.840 millones por la sentencia que anula la salida a Bolsa. En esta cantidad incluye 800 millones para costas judiciales e intereses de demora.

J. S. G.
Protestas de activistas contra la salida a Bolsa de la entidad, en febrero de 2011.
Protestas de activistas contra la salida a Bolsa de la entidad, en febrero de 2011.ANDREA COMAS (REUTERS)

Bankia ha recurrido en apelación seis sentencias favorables a inversores institucionales por la salida a Bolsa de la entidad en 2011, según ha desvelado la entidad en la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre las cuentas de 2015. "Al 31 de diciembre habían recaído 24.029 sentencias, de las cuales únicamente tres, que se encuentran recurridas en apelación, afectas a inversores institucionales (dos personas físicas y una sociedad mercantil", señala la entidad en las cuentas anuales depositadas ante el supervisor bursátil. "Con posterioridad a esa fecha, y hasta el 10 de febrero de 2016, se han notificado otras tres sentencias de inversores institucionales que igualmente van a ser recurridas en apelación, referentes en los tres casos a sociedades mercantiles", añade la entidad financiera.

Estos datos actualizados por la entidad sobre las demandas de institucionales por la OPS de 2011 se hacen públicos tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo, que considera que si el folleto de la OPS de acciones de Bankia no hubiera contenido "graves inexactitudes", la información difundida a través de su publicación y los comentarios que hubiera suscitado en diversos ámbitos "habrían disuadido de realizar la inversión a los pequeños inversores".

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que el Supremo "no cierra la puerta a nadie", si bien admiten que será "más complicado" que una demanda de un institucional prospere.

A 31 de diciembre, el banco recuerda que ha recibido 76.546 demandas civiles de inversores particulares (individuales y acumuladas) y 27.448 reclamaciones extrajudiciales. Hasta esa fecha, Bankia ha concretado que habían recaído 24.029 sentencias, de las cuales tres son las citadas que afectan a inversores institucionales y que ya han sido recurridas por la entidad.

Precisamente, el pasado 10 de febrero el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, no descartaba que la aseguradora decida reclamar finalmente por la inversión realizada en la salida a Bolsa de Bankia y anticipaba que el consejo de administración de la compañía evaluará "jurídicamente" sus posibilidades para defender los intereses de sus accionistas.

Huertas aclaraba que las últimas sentencias del Tribunal Supremo, en las que aseguraba que los minoritarios no habrían entrado en Bankia si el folleto no tuviera "graves inexactitudes", no impiden a la aseguradora reclamar en este sentido, ya sea mediante una "demanda, carta o reclamación".

Provisiones

La sentencia del Supremo "ha llevado al banco a realizar una reevaluación de las estimaciones realizadas al cierre del ejercicio 2014 la cual ha dado lugar a la realización de un ajuste en el importe de las provisiones. De esta forma, la entidad tiene provisionado 1.883,9 millones de euros para impuestos y contingencias legales. En este epígrafe, Bankia incluye 1840 millones de euros por la nueva estimación de las contingencias de los costes asociados a las demandas civiles por la salida a Bolsa de la entidad. En esta cantidad, el banco recoge 1.040 millones correspondiente al coste derivado de las devoluciones de acciones en ejecución de las sentencias y otros 800 millones para cubrir los costes judiciales y, en su caso, los intereses de demora.

El banco precisa que "durante 2015, la mayor parte de las sentencias condenatorias recibidas se basan en la acción de nulidad de los contratos suscritos, que supone la anulabilidad de la operación. Estas sentencias provocan, en consecuencia, la inexistencia de los contratos y la consiguiente devolución de las recíprocas prestaciones derivadas de los mismos (títulos y precio), suponiendo la invalidez de los negocios jurídicos o contratos y, en consecuencia, que éstos dejen de desplegar sus efectos jurídicos, retrotrayéndose la situación a la existente al momento de su celebración".

 

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Sobre la firma

J. S. G.
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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