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Lo que queda por hacer

Aunque al final sea la política la que determine el próximo Gobierno no hay que olvidar que debemos mucho dinero al exterior

José Luis Leal
Rafael Ricoy

Cuando se constituya el nuevo Gobierno —cuanto antes mejor, aunque no parece que vaya a ser pronto— deberá enfrentarse a una serie de problemas económicos de entre los que cabe destacar el déficit público, el empleo y el sector exterior. Si la situación se complica y se tarda mucho en constituir un gobierno estable, a los problemas anteriores habrá que añadir, entre otros, el de la salida de capitales y el del aumento de la prima de riesgo, con el consiguiente encarecimiento del dinero.

El déficit publico es el más urgente no porque sea el más importante (el empleo lo es con mucho en un país con un 20 por ciento de su población activa desempleada) sino porque hay compromisos contraídos con Bruselas y porque la Comisión Europea acecha, como nos lo han recordado recientemente algunos de sus altos cargos. Parece probable que el pasado año se cierre en torno a lo estipulado, tal vez algunas décimas más, pero nada sustancialmente diferente. Hasta cierto punto es lógico que desde Bruselas insistan en que se respete al pie de la letra lo acordado ya que, de no hacerlo, las décimas podrían transformarse en puntos, lo que acarrearía graves riesgos para nuestra economía, una de las más endeudadas del mundo. Los arreglos de fin de año pueden acercarnos al objetivo en 2015 pero el problema que se plantea es lo que pueda suceder este año para el que, al menos, ya hay un presupuesto aprobado.

A corto plazo el déficit es básicamente un problema político. La última reducción de impuestos fue una decisión probablemente motivada por las elecciones generales pero imprudente desde el punto de vista económico. La explicación según la cual la reducción de impuestos iba a generar más actividad y una mayor recaudación es cierta, pero lo relevante es si los mayores ingresos compensarán la pérdida inicial de recaudación, lo cual parece discutible.

No tiene sentido desdeñar los compromisos contraídos en aras de una situación de emergencia social que, en cualquier caso, debería ser atendida mediante una modificación de prioridades dentro de los límites presupuestarios acordados

Tampoco tiene sentido desdeñar los compromisos contraídos en aras de una situación de emergencia social que, en cualquier caso, debería ser atendida mediante una modificación de prioridades dentro de los límites presupuestarios acordados. La deuda pública española según los criterios de Maastricht equivale al cien por cien del PIB, una cifra peligrosa que no deja margen para alegrías. Hay que recordar una vez más que las deudas se pagan y que si la generación actual no lo hace tendrá que hacerlo la siguiente. Dicho de otra manera, nos endeudaríamos aún más nosotros para que sean nuestros hijos o nietos quienes paguen. La idea según la cual la inflación puede reducir el peso de la deuda es cierta siempre que no se considere que en ese caso serán los más débiles –pensionistas, parados – quienes carguen al final con el peso del reembolso por la vía de una reducción de su capacidad adquisitiva.

A estas cuestiones hay que añadir el problema de los jubilados. La Seguridad Social, cuando se analizan las cuentas en términos de ingresos potenciales y compromisos contraídos tiene un importante desequilibrio que el fondo acumulado, que comienza a derretirse como el hielo al sol, aparentemente contradice. Se han dado algunos pasos que van en el buen sentido pero que no permiten, ni de lejos, resolver los problemas de fondo. Habrá que revitalizar el Pacto de Toledo y discutir seriamente los problemas planteados como han hecho antes que nosotros algunos países de nuestro entorno. No es una cuestión sencilla, pero habrá que abordarla.

En cuanto al empleo, las estadísticas más recientes reflejan un aumento de medio millón de puestos de trabajo en 2015. Es evidente, y así lo dicen los números, que el crecimiento económico del año pasado, algo más del 3 por ciento, ha creado empleo en cantidades sustanciales. El problema es, como tantas veces se ha repetido en los debates, la calidad del mismo. Hay demasiado empleo temporal aunque debido a la crisis su porcentaje en relación con el empleo indefinido era en 2015 diez puntos inferior al de 2006. Es difícil saber que parte de la creación de empleo se debe al crecimiento de la actividad y que parte a la reforma laboral puesta en marcha por la legislatura que acaba de terminar. La discusión de este punto es esencialmente política pues no hay ningún interés por tratar de establecer un diagnóstico compartido ni sobre este punto ni casi sobre ningún otro. Es muy probable que la reforma laboral haya ayudado a crear empleo por lo que derogarla para volver a la rigidez anterior sería un grave error que dificultaría aún más el acceso a un puesto de trabajo a quienes actualmente lo buscan, especialmente a los jóvenes. Si la razón prevalece sobre la ideología no debería ser muy difícil llegar a acuerdos para corregir algunos aspectos de la reforma con vistas a facilitar la creación de empleo estable, como por ejemplo reducir el número de contratos legalmente disponibles.

Hemos ganado competitividad en los últimos años pero ha sido en buena medida gracias a la contención de los costes, especialmente los salariales, y a los esfuerzos por parte de las empresas para mejorar la productividad y exportar

En cuanto al sector exterior habrá que comenzar por interpretar las cifras de cierre del pasado año. Por el momento todo apunta a un excedente de la balanza por cuenta corriente algo superior a un punto de PIB, probablemente inferior a la mejora que ha supuesto la bajada del precio del petróleo. Es algo que no conviene pasar por alto. España es uno de los países desarrollados que más dependen de las importaciones de productos energéticos por lo que las variaciones del precio del petróleo inciden relativamente más en nuestra economía que en la de otros países. También hay que tener en cuenta la ayuda que ha supuesto para un país endeudado como el nuestro la bajada de los tipos de interés: conviene por ello ser prudentes.

Hemos ganado competitividad en los últimos años pero ha sido en buena medida gracias a la contención de los costes, especialmente los salariales, y a los esfuerzos por parte de las empresas para mejorar la productividad y ganar unas cuotas de mercado en el extranjero que la situación interna de nuestra economía les negaba. También hay que tener en cuenta que la inestabilidad política de los países mediterráneos ha jugado a nuestro favor, lo que se ha reflejado en el excelente año turístico. Es necesario plantearse de una vez llevar a cabo una reforma educativa consensuada y estable que tenga en cuenta las exigencias de un futuro que, aunque se augura difícil, no lo será tanto si somos capaces de utilizar bien algunas bazas importantes que pueden jugar a nuestro favor. Y tendremos que aceptar, de una vez por todas, que las tendencias de fondo de los mercados mundiales apuntan a que el crecimiento a medio y largo plazo del mundo industrializado será menor que en el pasado.

En definitiva, el próximo gobierno tiene ante sí problemas económicos importantes que exigirán diálogo y acuerdos si se quiere abordarlos con solvencia. Aunque al final sea la política la que determine la composición y estabilidad del próximo Gobierno no hay que olvidar que debemos mucho dinero al exterior, que hay que renovar 400.000 millones de deuda a lo largo del año y que los acreedores examinarán nuestras cuentas con detalle . Podemos decir con orgullo que esta no es la cuestión principal y que somos libres de decidir nuestro futuro sin que nadie nos lo imponga, pero debemos considerar con realismo que renegociar nuestras cuantiosas deudas con el exterior aconseja en cualquier caso la prudencia.

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