Alemania y España se enfrentan por el riesgo de la deuda soberana
El Comité de Basilea decidirá en 2016 si fuerza a los bancos a fijar límites en su cartera
La ciudad de Basilea acogerá en los próximos meses una importante batalla de cuyo resultado dependerá la valoración que los bancos hagan de sus carteras de deuda soberana. El Comité de Supervisión debe decidir si mantiene la normativa actual —que atribuye a la deuda pública en manos de la banca un riesgo cero— u optan por algún tipo de penalización que refleje el peligro de impago de un Estado, una posibilidad que la crisis griega ha demostrado que no es descabellada. Alemania lidera a los que exigen normas más duras. Enfrente tendrá a España, que no quiere forzar a las entidades a dotar provisiones para cubrir riesgos.
Las discusiones que se desarrollarán en el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria —organismo del Banco de Pagos Internacionales— prometen alargarse hasta bien entrado 2016. Pero algunos contendientes ya han dejado clara su postura. “La regulación actual trata con preferencia los créditos a Estados, lo que crea incentivos para que los bancos mantengan estos títulos de forma excesiva. Esta situación pone en peligro la estabilidad financiera y supone una carga a medio y largo plazo para el crecimiento económico”, sostiene Andreas Dombret, de la junta directiva del Bundesbank, el banco central alemán, y uno de los que formará parte en las conversaciones.
El BCE alerta de los costes de imponer límites a la banca
Hace tiempo que el Banco Central Europeo (BCE) entró en la polémica sobre la regulación de la deuda soberana en manos de los bancos. Danièle Nouy, la presidenta del Consejo de Supervisión, mantiene que la exposición de cada entidad a la deuda soberana de un determinado país no debería superar el 25% de su capital, el mismo límite que se establece para otro tipo de deudas.
El vicepresidente del BCE, el portugués Vítor Constâncio, intervino el jueves en el debate para alertar de los costes que tendría esa limitación, que obligaría a las entidades financieras de la UE a recaudar cantidades millonarias del capital o a deshacerse de parte de sus paquetes de deuda pública. “Estarían obligados a obtener más de seis billones de euros de capital Tier 1 (el de máxima calidad) o a vender títulos de deuda por valor de 1,6 billones de euros”, dijo el portugués en una conferencia en Londres, según recoge la agencia Reuters.
Constâncio mencionó estas cifras para ilustrar “la magnitud del trastorno” que el límite del 25% tendría en el mercado de deuda, en el sector financiero y en la economía en general. El vicepresidente del BCE aboga por una medida que considera menos perturbadora: la inclusión de baremos de riesgo en las carteras de deuda, que se establecerían en función de la probabilidad de impago de cada Estado.
Alemania no está sola. Le apoyan en sus reclamaciones bancos centrales como el de Suecia, cuyo gobernador ocupa la presidencia del Comité de Basilea. Suecia se niega a esperar a un acuerdo internacional, y su organismo supervisor ya ha informado a sus bancos que van a estar obligados a asignar un cierto riesgo a la deuda que tengan en su balance, del mismo modo que el mercado secundario establece diferencias enormes entre los títulos de, por ejemplo, países como Alemania y Grecia.
El Bundesbank apuesta por una respuesta doble a estos desajustes: por una parte, asumir el principio de que la deuda pública, incluso la de los países más sólidos, conlleva algún tipo de riesgo; por otro lado, establecer un límite de deuda soberana de cada país que los bancos no puedan superar. La idea es evitar una concentración excesiva y evitar el círculo vicioso entre cuentas públicas y entidades privadas que tanto daño han hecho en la crisis del euro. Dombret alerta, además, de que los vínculos tan estrechos entre banca y cuentas públicas pueden favorecer “la expansión de la deuda pública y dar lugar a Presupuestos de los Estados con bases poco sólidas”.
Pero el análisis que se hace tanto en Ministerio de Economía español como en el Banco de España es diametralmente opuesto, aunque sus portavoces oficiales declinaron hacer ningún comentario. Fuentes financieras españolas admiten que el debate sobre la consideración de la deuda soberana como un activo libre de riesgo está “sobre la mesa”, pero no esperan que vaya a haber “ni a corto ni a medio plazo” un cambio que tienda a penalizar las carteras con deudas, “ya sea a través de límites o pasándola a considerar como un activo de riesgo”. “No tiene sentido exigir aumentar provisiones o un mayor consumo de capital con un activo que está libre de riesgo”, zanjan las fuentes consultadas.
Fin al círculo vicioso
Alemania insiste en que está dispuesta a aceptar ponderaciones de riesgo relativamente bajas, porque lo que realmente le importa es acabar con el mito de que la deuda de los países sea segura al 100%. Las fuentes consultadas insisten en que varios países han presentado pegas a sus propuestas, pero que España destaca entre los más reticentes.
El catedrático de Análisis Economico Joaquín Maudos explica los motivos por los que a la banca española no le interesa una reglamentación más estricta. “Las entidades españolas obtienen por la deuda pública un 15% de todos sus ingresos, frente al 2,7% en 2007. Estas cifras son aún más importantes en el contexto actual de reducidos márgenes que condiciona la rentabilidad bancaria”, detalla.
Maudos señala también lo que considera “la otra cara de la moneda” de esta apuesta de las entidades por la deuda pública. “Es lógico que Basilea quiera poner coto al círculo vicioso entre deuda pública y bancaria que fue el origen de la crisis de la deuda soberana; y que pretenda corregir el problema poniendo límites a la compra de deuda pública por parte de los bancos”, concluye este investigador de la Universidad de Valencia.
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