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La OCDE lanza el mayor plan contra el abuso fiscal de las multinacionales

El organismo presenta, tras dos años de trabajo, un paquete de 15 medidas para tapar "las lagunas en la fiscalidad internacional"

Jesús Sérvulo González

La OCDE, el organismo integrado por las economías más industrializadas del mundo, en colaboración con el G-20 y otros países emergentes, ha presentado este lunes el resultado final del proyecto contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, BEPS, en sus siglas en inglés. Se trata del más ambicioso plan de ataque en los últimos 50 años para combatir los abusos fiscales de las grandes multinacionales. El documento será presentado este jueves a los ministros de finanzas del G-20 que participan en la reunión anual que este año tiene lugar en Lima.

La organización detectó hace casi tres años, en pleno fragor de la crisis financiera que llevó a los Gobiernos europeos a escurrir al máximo los impuestos, que "las lagunas e incosistencias presentes en las normas de fiscalidad internacional permitían que los beneficios desaparezcan de la base imponible o bien sean desviados a jurisdicciones de baja o nula tributación donde la actividad económica es escasa o inexistente".

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La OCDE estima que la pérdida recaudatoria provocada por los excesos de las grandes corporaciones asciende a entre el 4% y el 10% de la recaudación mundial por el impuesto de sociedades. Es decir, una pérdida para las arcas públicas de los países de entre el 100.000 y 240.000 millones de dólares anuales. En la hemeroteca quedan los decepcionantes casos de conocidas multinacionales, muchas del ámbito tecnológico, que apenas pagan impuestos a pesar de generar miles de millones de beneficios.

El plan BEPS consta de 15 acciones, que unifican los criterios para determinar los precios de transferencia --una argucia contable por la que se trasladan los beneficios de un país a otro con menos tributación--, la economía digital, los activos intangibles, la residencia permanente o temporal, el intercambio automático de información tributaria, los acuerdos antiabusos o para la resolución de conflictos en la interpretación tributaria entre dos países... "Una vez entren en vigor estas medidas, la previsión es que los beneficios se empiecen a declarar en donde se realicen las actividades económicas que los generen y donde se cree el valor" no donde los impuestos estén más bajos, sostiene el informe presentado este lunes. La OCDE estima que "los tipos de gravamen efectivos soportados por la grandes empresas multinacionales se estiman entre cuatro y 8,5 puntos porcentuales por debajo de aquellos soportados por empresas de similares caráteristicas que operan únicamente a nivel nacional".

"El paquete en su conjunto es muy ambicioso", explica Grace Pérez-Navarro, directora del centro de administración y política fiscal de la OCDE, que detalla que el documento establece "estándares mínimos" en cuatro áreas para tapar las grietas legales del sistema tributario internacional que aprovechan las grandes compañías para eludir impuestos.

Así, el acuerdo obligará a informar sobre los acuerdos fiscales --tax ruling-- que los estados alcanzan con las multinacionales para concederles ventajas fiscales. Este es el caso que destapó el escándalo Luxleaks, el caso destapado a finales de 2014 que desvelaba que Luxemburgo tenía pactos con multinacionales para ofrecerles ciertas rebajas tributarias—. Holanda es otro de los países cuestionados por fomentar este tipo de acuerdos, que permiten el doble irlandés y el sandwich holandés, dos prácticas que permiten a Apple o Google pagar un impuesto de sociedades menor del 3%.

"Lo más innovador", explica Pérez-Navarro, "es el acuerdo multilateral para facilitar el intercambio automático de información". Está previsto que unos 90 países suscriban este acuerdo para que las medidas acordadas sin necesidad de renegociar los má de 3.000 convenios de doble imposición entre los países.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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