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Las comunidades reducen el plazo de pago a proveedores en mayo

Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana y Andalucía rebasan el periodo medio legal y están bajo la lupa de Hacienda

J. S. G.

Las comunidades autónomas redujeron en mayo el plazo medio de pago a proveedores en siete días hasta dejarlo en 45 días. Los Gobiernos regionales rebajan por segundo mes consecutivo el plazo de pago. Hacienda achaca esta evolución a los fondos de financiación --el FLA y el fondo de Facilidad Financiera--, que permiten pagar las facturas con más rapidez.

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"En los primeros cinco meses del ejercicio, la deuda no financiera se ha reducido en más de 5.500 millones de euros, mientras que la comercial se reduce 729 millones de euros", señala el ministerio en un comunicado.

A pesar de la reducción, Extremadura, que tarda en pagar 109 días sus facturas, Aragón (67,49 días), Comunidad Valenciana (63,19 días) y Andalucía (61,44 días) incumplen el periodo medio de pago legal, marcado en la ley de morosidad del sector público, que establece un límite máximo de 60 días desde el suministro de bienes o servicios para abonar las facturas a los proveedores.

Hacienda ya ha alertado en reiteradas ocasiones a Extremadura, Aragón y a la Comunidad Valenciana por incumplimientos reiterados en el pago de sus facturas. El ministerio les ha amenazado con retirarles parte de la financiación para pagar a los proveedores. La ley de morosidad del sector público, aprobada a finales de 2013, prevé que el Estado retenga parte de la financiación para pagar las facturas de las Administraciones morosas.

Los Ayuntamientos, por su parte, han aumentado ligeramente el plazo a proveedores de 31,47 días en abril, a 33,57 días en mayo. Entre las principales ciudades --aquellas con una población superior a 500.000 habitantes--, Valencia, Murcia, Palma de Mallorca, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria superan los 30 días. Sin embargo, ninguna supera el periodo de pago legal en más de 30 días el plazo legal de 60 días.

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Sobre la firma

J. S. G.
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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