Las auditorías pagadas por OHL descartan actos de corrupción

Los supuestos actos de corrupción de OHL México revelados a través de escuchas telefónicas son producto de una “campaña de difamación”. Estas son parte de las conclusiones que los auditores externos, pagados por la constructora, han presentado este jueves a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La compañía ha afirmado en un comunicado que no existen “evidencias o indicios” de conductas contrarias a la ley ni pagos a magistrados para que decisiones judiciales beneficiaran a la filial de la empresa de Juan Miguel Villar Mir.

Las conclusiones hechas por los auditores “independientes”, KPMG Cárdenas Dosal; Jones Day México y FTI Consulting, coinciden con la defensa que la empresa había utilizado desde el inicio del escándalo, en mayo pasado.

El comunicado asegura que el aumento de tarifas y las modificaciones a los títulos de concesión del Viaducto Elevado Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, ambos en el Estado de México, “cumplen con la legislación aplicable”. Las concesiones permiten a la constructora recuperar su inversión más un rendimiento garantizado del 7% en la primer obra y del 10% en la segunda.

La auditoría también concluye que OHL “no tiene ni ha tenido” alguna relación jurídica con Tecnología Aplicada Infraiber. Esta empresa mantiene un pleito con la constructora porque le canceló un contrato para medir el tráfico en sus carreteras. Infraiber ha acusado públicamente a OHL de mentir a sus inversionistas y de manipular sus finanzas.

Hace pocos días, Infraiber había revelado que los costes de la obra del Circuito se elevaron un 443%. Pasaron de 356 millones de dólares a más de 1.500 millones en 12 años de construcción. Las conclusiones de las auditorías señalan, sin embargo, que estas inversiones acumuladas están “debidamente aprobadas por la autoridad”. Deloitte también ha confirmado que la política contable establecida para determinar la rentabilidad garantizada está en conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Paulo Diez, el abogado de Infraiber, ha dicho a este periódico que OHL no ha hecho pública la inversión acumulada para las dos polémicas obras. “OHL no hizo públicas las auditorías, sino sus comentarios sobre las mismas. Hay que exigirle a OHL que lo haga”, dijo.

El comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores también ataca uno de los puntos más mediáticos del escándalo OHL. La empresa afirma que un “reconocido” perito se encargó de analizar las grabaciones que fueron filtradas en YouTube y que han costado el cargo a Apolinar Mena, el secretario de Comunicaciones del Estado de México, y a Pablo Wallentin, un consejero de José Andrés de Oteyza, presidente de OHL México. “Determinó que las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente y… fueron editadas y alteradas para cambiar su sentido”. La empresa no reveló el nombre del perito.

En una de las grabaciones, que incluso han implicado al ministro de Comunicaciones y Transportes de Enrique Peña Nieto, se escucha a Wallentin preguntar a Gerardo Fernández, el consejero jurídico de la empresa, sobre supuestas coimas a jueces que llevaban litigios donde aparecía la compañía.

-“¿Cuánto hay que darle a los magistrados?”, pregunta Wallentin en el audio.

-“Pues yo creo que una manita”, responde Fernández.

El despacho de abogados Ritch, Mueller, Heather y Nicolau afirma que no existe evidencia de pagos en dinero o especie “directa o indirectamente” a jueces, magistrados o funcionarios públicos.

Las conclusiones de la revisión son un balón de oxígeno para la compañía, que había sido cubierta por un tupido velo de sospecha de corrupción. Cuando el escándalo estalló la empresa se hundió en las bolsas en ambos lados del Atlántico. Tomó un mes para que sus títulos remontaran la situación. Infaiber, sin embargo, sigue en pie de lucha. “No hay que olvidar que estas auditorías fueron encargadas y pagadas por OHL”, agregó este jueves Díaz.