Arranca el juicio de los exdirectivos de las cajas gallegas

Los ejecutivos de la CAM y Caixa Penedés fueron los primeros en responder ante la justicia por abusos en las antiguas cajas de ahorro. Hoy le toca al turno a los directivos que pilotaron la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova. Julio Fernández Gayoso, expresidente, y los codirectores José Luis Pego y Javier García de Paredes, junto con otros dos ejecutivos y un asesor, se enfrentan a penas de tres años de cárcel por indemnizaciones que suman 18,9 millones de euros.

Administración indebida, administración desleal, estafa. Si hace diez años alguien llega a acusar de estos delitos a los todopoderosos directivos de las cajas gallegas lo habrían tomado por loco, o cosas peores. Sin embargo este lunes cinco de ellos —junto a un asesor— se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional por imputaciones que pueden llevarles a cumplir hasta tres años en prisión. El proceso no tiene que ver con los 9.000 millones que necesitó la integración de Caixa Galicia y Caixanova en Novagalicia Banco, ni con la venta masiva de participaciones preferentes que afectó a cerca de 40.000 pequeños ahorradores. La Fiscalía Anticorrupción los acusa de haber modificado sus contratos tras el proceso de fusión, que tuvo lugar a finales de 2010 para “preparar la lucrativa y previsible salida de la entidad, pues tenían pleno conocimiento de la inminente bancarización de la misma”. La operación, que terminó con indemnizaciones que suman 18,9 millones, se habría llevado a cabo con engaño, haciendo pasar sus contratos blindados por acuerdos parecidos a los que tenía el resto de la plantilla, sin que el consejo supiese nada.

Julio Fernández Gayoso, que ejerció el poder durante varias décadas en la Caja de Vigo y que llega al juicio con 84 años, habría actuado junto al asesor Ricardo Pradas como cooperador al autorizar los nuevos acuerdos para indemnizar con sumas millonarias a sus ejecutivos, “anteponiendo los intereses particulares de los directivos a los de la entidad”.

José Luis Pego llevaba menos de seis años como director cuando recibió por el despido 7,7 millones de euros brutos, equivalentes a su salario fijo (627.000 euros) multiplicado por los años que le quedaban para jubilarse (12). Javier García de Paredes, exdirector adjunto, se embolsó 5,6 millones por la renuncia a su puesto. El finiquito para el director de la división inmobiliaria, Gregorio Gorriarán Laza, fue de 4,8 millones mientras que Óscar Rodríguez Estrada, director de la oficina de integración e histórico colaborador de Gayoso al que le quedaban dos años para jubilarse, percibió 691.000 euros. En total los 18,9 millones de euros de sus finiquitos sumaban casi un tercio del valor que Novacaixagalicia, la caja resultante, tenía tras la primera inyección del rescate público. “Dichas liquidaciones no fueron conocidas ni autorizadas por el consejo de la caja hasta después de su pago ni tampoco por el Banco de España”, aseguran las fiscales Pilar Melero y Concepción Nicolás en su escrito. Además de la pena de prisión reclaman a los acusados el importe íntegro de sus indemnizaciones. El tribunal, presidido por Alfonso Guevara, escuchará a lo largo de las nueve sesiones a 47 testigos, desde consejeros a peritos, otros directivos y representantes del Banco de España.

Los acusados defienden que sus finiquitos se ajustaban a la legalidad y previsiblemente delegarán toda la responsabilidad en el consejo de administración que los autorizó. Tanto las fiscales como el FROB, personado como acusación, sospechan sin embargo que su aprobación se camufló entre los puntos del orden del día de una sesión celebrada en pleno mes de agosto de 2011 en la que se aprobó una dotación específica para una eventual extinción de los contratos sin explicar el impacto que tal provisión iba a tener en las cuentas.