Las rentas mínimas apenas llegan a un tercio de los hogares sin ingresos

Un lustro con más de cinco millones de personas en paro, ajustes salariales y recortes presupuestarios solo puede traducirse en más pobreza. Y así lo evidencian las estadísticas: tras casi una década anclada en el 20%, ya entre las más altas de la UE, la tasa de pobreza relativa —personas con menos del 60% del ingreso mediano de la población— escaló en 2013 al 22%, lo que suponen más de 10 millones de personas. Y el riesgo de exclusión social (que incluye la baja intensidad laboral y la carencia material) afectaba ya al 29%.

Para cerca de 1,8 millones de personas, la pobreza en España ya no es un riesgo, sino una realidad. Son las que viven en lo que la Encuesta de Población Activa del INE identifica como hogares sin ingresos del trabajo, ni de prestaciones por desempleo o de pensiones contributivas. En muchos casos tampoco cobran subsidios. Aquí entra en juego la última red, las rentas mínimas autonómicas.

“A diferencia de la mayoría de los países de la Unión Europea, el sistema español no es homogéneo, sino un mosaico de ayudas de muy diverso origen que ofrecen una protección también muy distinta a hogares y personas con necesidades similares”, sintetizó Luis Ayala, especialista en desigualdad. El contraste es mayor en el último escalón del sistema, el más decisivo contra la pobreza.

Ayala analizó el jueves en Santiago de Compostela la incidencia territorial de programas de lucha contra la pobreza, en unas jornadas sobre gasto público organizadas por la fundación Funcas, la Universidad de Vigo y la red de investigadores Rifde. “La última red es crucial, donde es más débil, como en España, es donde más avanzó la pobreza”, indicó el catedrático. “Entre los siete países con mayor riesgo de pobreza infantil de la UE, están los seis que no cuentan con una renta básica y generalizadas para hogares con hijos”, añadió. España, con la segunda mayor tasa (30%) de niños en riesgo de pobreza, está de nuevo entre los señalados.

Las rentas mínimas forman parte de las competencias autonómicas, y cada comunidad decide la cuantía básica, la aportación extra por hijo dependiente, la duración, o los requisitos para acceder a ella, entre otros. El resultado, apuntó Ayala, es un sistema muy desigual y falto de coordinación.

De media, en 2013, la ayuda básica para el titular de un hogar fue de 420 euros al mes, según la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales. Pero en Murcia no pasó de 300 euros y en País Vasco supera los 660, algo más que el salario mínimo. Para familias numerosas y sin ingresos, las diferencias se estiran (373 euros por hogar en La Rioja, 962 euros en Navarra).

“Son diferencias que van mucho más allá de las naturales del coste de la vida entre comunidades”, constata Ayala. El contraste es aún más radical si se atiende a cuántos hogares sin ingresos reciben rentas mínimas en cada comunidad. En 2013, de los 1,86 millones de personas que vivían en estos hogares, accedieron a la renta mínima unas 640.000 personas, el 35% del total. Pero en Castilla-La Mancha, Extremadura o Baleares fue menos del 10%, mientras que en Navarra (115% de los hogares sin ingresos) o País Vasco (277%), que permite conjugar renta mínima con empleo y añade una ayuda adicional a la vivienda, hay más beneficiarios que personas en hogares sin ingresos.

En suma, las comunidades se gastaron 1.040 millones en proveer rentas mínimas (apenas un 0,1% del PIB), pero País Vasco puso más del 43% de esa cantidad. “En general, las comunidades con menos nivel de riqueza ofrecen una cobertura mucho menor a ciudadanos con necesidades similares que las que tienen más posibilidades presupuestarias. Ha sido así, es así, y espero que no sea así en el futuro”, concluyó Ayala.