Lucha por una buena reputación

Si las estadísticas de las empresas de trabajo temporal no mienten, 2014 fue el año de la recuperación económica. En plena salida de la crisis, las compañías que se dedican a la intermediación laboral generaron 2,6 millones de contratos, según los datos del Ministerio de Trabajo. Solo en 2007 tuvieron un ejercicio con mayor producción (2,7 millones de contratos de puesta a disposición) desde su desembarco en España, allá por los años noventa. Fue aquel un estreno agrio del que todavía, admiten sus directivos, la imagen de las ETT no se ha recuperado totalmente. Los sindicatos no se lo pusieron fácil. Pero tampoco las condiciones con las que se hicieron un sitio en el ya por entonces maltrecho mercado laboral: primero la desregulación y después una legislación permisiva estrenada en 1994 hicieron posible que en una misma compañía pudieran trabajar codo con codo dos empleados con nóminas muy diferentes. Uno, el de la propia empresa, con el salario del convenio de la compañía o el del sector a que pertenezca. Otro, cedido por la ETT, con un salario mucho más reducido, basado en la negociación colectiva del sector del trabajo temporal.

Acusaciones

“Nos acusaban incluso de quedarnos con una parte del salario que tenía que cobrar el empleado”, recuerda Manuel Solís, director general de Manpower. “Aquello nos generó muchos problemas y mala fama”, reconoce el directivo, quien sostiene que en 2000, con el cambio de ley que forzaba a la equiparación salarial, se empezó a dar un vuelco a la situación. No solo porque se ponía punto y final a la injusticia social que aquello significaba –luego reabierta por algunos convenios de empresa–, sino porque la nueva situación permitía hacer pedagogía entre las empresas que acudían a las ETT en busca de mano de obra más barata de la que se podían asegurar a través de la contratación directa. Tenían que pagar por el servicio que les prestaban.

Las firmas de intermediación laboral generaron 2,6 millones de contratos el año pasado, la segunda mayor cifra

En los poco más de veinte años que han transcurrido desde el estreno de las compañías privadas de colocación, sus clientes han pasado de poder reducir su gasto en recursos humanos acudiendo a las ETT a tener que pagar alrededor de un 20% de recargo por los servicios prestados. Las empresas de trabajo temporal han dejado de ser unas meras bolsas de trabajo para convertirse en firmas que seleccionan personal especializado, dan formación (el 1,25% de su masa salarial la tienen que invertir en ese objetivo) y deben trabajar la prevención de riesgos salariales. Y, dicen las compañías, han servido para aflorar economía sumergida.

Poca penetración

“Pero quizá hace falta hacer mucha más pedagogía”, explica Santiago Soler, secretario general de Adecco. Se refiere a que, pese a los avances normativos y coyunturales, a las ETT españolas les cuesta hacerse un sitio entre la alta temporalidad que caracteriza al mercado laboral español. “La siguiente evolución del sector”, dice, “debería ser conseguir esa mayor penetración en el empleo, entendiendo que eso genera beneficio para nuestros clientes, las empresas, y para las Administraciones públicas”. Un informe elaborado por la patronal del sector, Asempleo, revelaba que la tasa de penetración de las ETT en España (el cociente de los contratos a tiempo completo intermediados por estas compañías y el total de ocupados) es de un 0,6%.

Ese porcentaje ha sufrido vaivenes durante los años, pero nunca ha logrado situarse en porcentajes similares a los de otros países europeos, donde puede llegar a ser un punto superior. Ni con la última evolución superada en el último lustro, cuando las compañías pudieron empezar a dar servicio a sectores vetados –Administraciones públicas, salud y construcción–, se ha logrado conseguir esas cifras, si bien es cierto que la cuasi liberalización total del sector ha coincidido con la gran recesión, que ha emborronado las estadísticas del negocio: la actividad cayó un 37% entre 2007 y 2009 para después empezar a recuperarse.

El discurso de Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, evita vincular la contratación por ETT a precariedad laboral, por la alta temporalidad que están obligadas a gestionar. “Entre el 30% y el 40% de las personas que logran un trabajo a través de un contrato de puesta a disposición acaban quedándose en la compañía”, defiende, para posteriormente asegurar que las empresas del sector “gestionan el 15,5% de las colocaciones registradas en España, por un 2,1% del que se encargan los servicios públicos de empleo”.

Colaboración

Ese es precisamente el último bastión que le falta asaltar al sector, la colaboración público-privada, la posibilidad de que las ETT puedan colaborar, con contraprestación económica, en la colocación de parados apuntados a las listas oficiales del paro. La ley que lo permitía se creó en 2010, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero no fue hasta 2012, con Mariano Rajoy, cuando se habilitó. “Está en marcha, pero estamos esperando. Por ahora su puesta en funcionamiento no ha tenido un gran calado”, señala Soler.

Y mientras, el sector sigue fajándose de la mala imagen del pasado y de algunas prácticas del presente que condicionan su reputación: las empresas de servicios, a veces vincu­ladas a otras ETT, que entran en determinados sectores con el único fin de reventar los precios. Las consecuencias se repiten: empleados con sueldos bajísimos respecto a otros que trabajan a su lado. “No me parece de recibo que abaratemos el coste de la mano de obra a través de empresas ficticias con convenio propio y hay empresas de trabajo temporal que lo están haciendo con filiales de externalización de servicios”, denuncia Solís.