El Parlamento amplía los límites de la financiación por ‘crowdfunding’

Los defensores del crowdfunding o micromecenazgo colectivo se hallan de enhorabuena. Gracias a su presión, el Parlamento ha ampliado notablemente los límites para invertir en este tipo de proyectos respecto al texto muy restrictivo que presentó el Gobierno hace un año. La modificación más sustancial es la ampliación hasta cinco millones de los fondos que puede captar uno de estos proyectos de financiación participativa cuando se trate de inversores acreditados o profesionales.

El proyecto, cuyo trámite parlamentario concluyó este mes, incorpora la figura del inversor acreditado, inspirada en el Derecho inglés y norteamericano, el cual podrá invertir sin límites en estos proyectos. Tendrán la consideración de “inversor acreditado” los inversores institucionales, las empresas medianas o grandes (con activos de un millón de euros, cifra de negocio de dos millones o recursos propios de 300.000 euros) y todas las personas físicas o jurídicas cuyos niveles de renta superen los 50.000 euros al año o tengan un patrimonio superior a 100.000 euros.

Para los inversores no acreditados se aumenta de 6.000 a 10.000 euros el importe máximo de inversión en un periodo de 12 meses. De esta forma, el importe máximo de captación de fondos para cualquier proyecto pasa de uno a dos millones de euros, aunque se amplía a cinco millones cuando se dirijan exclusivamente a inversores profesionales.

Junto a ello, se incorpora la modalidad del overfunding, es decir, que las plataformas de financiación participativa puedan establecer en sus reglas de funcionamiento que el objetivo de financiación y el plazo máximo puedan ser superados hasta en un 25%. También se ha aceptado que los promotores de los proyectos estén constituidos en Estados miembros de la Unión Europea distintos de España.

El proyecto de ley prevé que para conformar una plataforma de crowdfunding el capital social mínimo de 60.000 euros deba ser desembolsado íntegramente en efectivo. No obstante, también se permite constituir una plataforma de este tipo mediante una tercera vía: contar con una garantía que tenga un nivel de cobertura “equivalente” a la del capital social mínimo y el seguro de responsabilidad civil.

En el trámite de enmiendas parlamentarias se ha reducido el esfuerzo que las plataformas deben hacer en aras a la transparencia, de modo que ya no están obligadas a difundir la información entre los promotores de los proyectos y los potenciales inversores, sino únicamente hacer accesible a través de su página web. Las plataformas también podrán publicitarse y realizar comunicaciones de carácter comercial sobre su actividad profesional general.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) será la encargada de la supervisión, inspección y sanción de los proyectos que se acojan a este modelo de financiación, con la implicación del Banco de España cuando la actividad consista en la intermediación de préstamos.

“Las modificaciones que se han introducido en el Parlamento suponen un avance muy importante, en particular, la de permitir que los inversores acreditados inviertan sin límites y el aumento de los topes de fondos por proyectos”, señala Ramón Saltor, fundador de The Crowd Angel y portavoz de una asociación de nueve plataformas de crowdfunding. “Persisten aún algunas restricciones y creo que en dos años, a medida que se vea al funcionamiento de los proyectos, se puede reunir un grupo de trabajo para perfilarlo”, añade.

El fenómeno del crowdfunding está su fase embrionaria en España aunque con importantes tasa de crecimiento. Un estudio elaborado por la Universidad de Cambridge en colaboración con la Asociación Española de Crowdfunding indica que durante 2014 se aportaron 62 millones a proyectos españoles por esta vía, un 114 % más que en 2013.