Juicio contra 61 socios de PwC por fraude en la venta de una empresa
No declararon como renta de trabajo los 21 millones que cobraron como bonus La Fiscalía pide para los acusados penas de hasta 14 años
Dieciséis meses después de que el juez Ismael Moreno dictase la apertura de juicio oral, el lunes 19 de abril se inicia en la Audiencia Nacional de Madrid el juicio contra 61 socios y exsocios de la firma de consultoría y auditoría Price Waterhouse Coopers, acusados de fraude fiscal. La Fiscalía pide penas de entre dos años y 14 años y diez meses de cárcel para los acusados, por considerar que se burló a Hacienda mediante prácticas de ingeniería fiscal en la venta del negocio de consultoría a la empresa norteamericana IBM en 2002.
La sesión del lunes en la sede de Torrejón de Ardoz (Madrid) de la Audiencia Nacional contará con la presencia de los más prestigiosos abogados penalistas de España, contratados por los acusados y por la propia firma PwC, también procesada por no haber practicado las retenciones del IRPF correspondientes a la operación.
Los acusados para los que se pide la máxima pena son Miguel Fernández de Pinedo, expresidente y administrador único de la firma; y César Rodríguez Ramos y José María Tajadura, administradores solidarios de PwC Consulting. Para cada uno de ellos el fiscal solicita penas de 14 años y diez meses de cárcel y multas que superan los 100 millones de euros.
Los hechos descritos por la Fiscalía y asumidos por la Audiencia se refieren a la venta de la división de consultoría a nivel mundial, PwC Consulting a IBM por 3.500 millones de dólares en octubre de 2002. La filial española se valoró en 40 millones de euros. Según se detalla en el auto de apertura de juicio oral de 10 de diciembre de 2013, los acusados realizaron diversas operaciones previas a la venta en busca de defraudar presuntamente a las haciendas Pública Estatal, Foral Vasca, Foral de Vizcaya y Foral de Álava.
Estas operaciones de “ingeniería fiscal” se concretan en la presunta simulación de una operación de reestructuración empresarial, la omisión de las retenciones de IRPF debidas y su ingreso en el erario público por parte de la sociedad PwC y la omisión de declaración de ingreso por cada uno de los socios de los beneficios obtenidos como consecuencia de las dos operaciones.
Muy esquemáticamente la operativa consistió en que antes de la venta de la división de auditoría de PwC en España se realizaron dos operaciones por las que la propiedad directa de la sociedad correspondía a los socios. Al cobrar ellos directamente por la venta y llevar muchos años de antigüedad como socios, utilizando los coeficientes de abatimiento, la plusvalía no tributaba. Se evitaba también pagar por el Impuesto de Sociedades, por cobrar directamente los socios.
PwC emitió en su día varios comunicados negando rotundamente las acusaciones y subrayando que no hubo ocultación ni defraudación alguna. A su juicio su actuación fue “absolutamente correcta y ajustada a derecho” y las acusaciones de la fiscalía “no se corresponden con la realidad”. Concluían la nota afirmando que la operación societaria que la fiscalía califica de ficticia, fue “real, pública, evidente y se acogió a los beneficios fiscales correspondientes”.
Hay, además, una segunda operación que afecta a los 61 socios y que, según el auto, podrían haber cometido delito fiscal. Se trata del cobro del bono anual (“chairman bonus”) que recibieron en enero de 2002 por un valor total de 20,9 millones de euros y que todos ellos declararon como beneficio de la venta, sin incluirlo como renta, sino como patrimonio. La empresa tampoco realizó las retenciones correspondientes. La fiscalía considera que era una retribución de trabajo, teniendo en cuenta además que el cobro se realizó diez meses antes de que se realizara la venta.
Según PwC, los socios imputados recibieron de la firma internacional una compensación de 20,9 millones de euros por la pérdida de la división de Consultoría en España, ya que ese negocio era uno de los que más había crecido en el mundo. Los socios tributaron esa compensación como un aumento de patrimonio y no como una renta, “puesto que no se correspondía a servicios prestados ni beneficios de PwC en España”.
