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Molins aprende a vivir sin España

El grupo prevé recuperar las cifras anteriores a la crisis en 2018 tras dar la vuelta al negocio

Dani Cordero
Planta de Cementos Molins en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
Planta de Cementos Molins en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)CARLES RIBAS

Los Molins tienen buenas relaciones con los Fradera y los Rumeu. Las tres familias mantuvieron algo en común durante el siglo pasado. Controlaban los dos grupos cementeros catalanes, con los que habían compartido aventuras conjuntas en el extranjero. En 2006 todo cambió. Los segundos vendieron su Uniland a Cementos Portland Valderrivas, de FCC. En la cúspide de la burbuja, como aquellos deportistas que prefieren retirarse antes de su ocaso definitivo, se fueron a casa después de que les valoraran su grupo en 2.000 millones de euros. Molins, en cambio, que incluso se planteó adquirir aquellos activos pero no por aquel precio, decidió seguir en el negocio. Las cosas iban muy bien aquel año. Y continuaron bien en 2007. Pero en los dos siguientes ejercicios se empezaron a torcer y el negocio español de Molins primero perdió ventas y después, a partir de 2010, entró en pérdidas. Hasta hoy.

Entre 2007 y 2014 el consumo de cemento en España cayó un 84%. “A la caída del sector inmobiliario ha habido que sumar el descenso en la contratación de la obra pública, como consecuencia de los recortes presupuestarios. Para responder a esa caída de la demanda interna, las cementeras tienen que salir a vender al exterior”, señala Joan Carles Amaro, del Departamento de Control y Dirección Financiera de Esade.

El beneficio consolidado de Molins nunca ha entrado en números rojos, pero su resultado neto llegó a reducirse a una décima parte y ahora parece que vuelve a repuntar. España ya no genera tantas pérdidas. Pero lo que salva al grupo es la apuesta que ha hecho en el exterior. Sus beneficios le han permitido capear un temporal al que otros grupos no le están encontrando la salida. El actual consejero delegado de la compañía, Joan Molins, recuerda cómo en 1998 recorría la carreteras de México en un coche que conducía... Carlos Slim, el magnate mexicano que en el último lustro se ha convertido en un potente inversor en España y cuya última inversión ha sido para erigirse en el principal accionista de FCC, y de Portland Valderrivas. Slim fue un socio más de Molins. Pero por aquellas fechas, el grupo ya llevaba más de una década probando fuera de España.

La compañía refuerza su presencia en México y abre en Bolivia

Con aquel tipo de incursiones, siempre con otro socio y con el control compartido de la gestión, el negocio internacional ha ido creciendo hasta representar el 70% de los ingresos actuales. Y el que aporta los beneficios al grupo y compensa las pérdidas en España. México le aporta un Ebitda de 188 millones; Bangladesh, de 42 millones; Argentina, otros 41 millones... Y la lista continúa con sus negocios en Uruguay y Túnez. Su última incorporación ha sido Bolivia, donde construirá una planta.

Mientras que en España han ido ajustando su negocio (su plantilla se ha reducido casi a la mitad), las inversiones en el extranjero se han mantenido y potenciado. Entre 2007 y 2014 han construido cinco nuevas instalaciones para fabricar cemento, lo que ha supuesto una inversión de 754 millones de euros. Inversiones a las que se tendrán que añadir las que anunciaron en su última presentación de resultados, la apertura en Bolivia y la construcción de un nuevo horno en Veracruz (México).

Siguen atentos a nuevas oportunidades, como fue el caso de la fusión de Holcim y Lafarge (un antiguo socio del grupo), que supuso la desinversión de activos por 6.000 millones de euros. El problema es que Molins no deja de ser una compañía familiar con una capacidad limitada y que no se quiere endeudar más y aquellas ventas, en cambio, se realizaban en grandes paquetes. Además, la compañía está en plena renegociación de 80 millones de euros de deuda, en busca de tipos más bajos y plazos más largos.

Joan Molins asume que el crecimiento en el exterior es la única baza que tiene el grupo “si queremos volver a tener el tamaño que teníamos en 2007”. Por el camino se han perdido 180.000 millones de euros de facturación, un volumen que la compañía prevé recuperar en los próximos cuatro años. “Nos hemos pasado una década cambiando el negocio y en 2018 los resultados serán los mismos que en 2007”, afirma Molins, quien, a sus 73 años, está en camino de ceder el testigo como máximo ejecutivo del grupo. La compañía ha iniciado el proceso para buscarle un sustituto, que será ajeno a la familia. Esa externalización ya se había producido en algunas de las compañías del grupo, pero nunca hasta ahora en la cabecera.

En plena crisis adquirió una planta en Barcelona para ganar clientes

Joan Carles Amaro considera un problema, por su alto coste y por la pérdida de capacidad productiva, el cierre de plantas cementeras. Muchas compañías las mantienen casi inactivas, con un mínimo de actividad anual para asegurarse los derechos de emisiones de dióxido de carbono. Molins, sin embargo, considera que que más pronto que tarde se tendrán que cerrar instalaciones en España porque difícilmente la demanda de productos cementeros volverá a igualar la que se produjo durante los años del boom constructor, con la obra pública en máximos y un sector inmobiliario desbocado.

Molins, de hecho, en plena crisis, apostó por adquirir una planta en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Se la compró a Cemex en 2013 por 40 millones de euros. No le interesaban tanto las instalaciones como la cartera de clientes —ganar cuota en un mercado en contracción asegura el futuro— y el suelo, en el que previsiblemente se podrán ejecutar operaciones urbanísticas y obtener plusvalías.

Mientras que la de Sant Feliu está condenada al cierre, el grupo apostó por remodelar su planta principal en España, la de Sant Vicenç dels Horts, también en Barcelona. “Creemos que nos ha ayudado. Mucha gente creía que estábamos locos, pero a nadie de la familia le haría ilusión cerrar esa fábrica”, explica el aún consejero delegado, quien reconoce que en la última junta de accionistas lanzó al resto de socios: “Teníamos un muy buen negocio, pero eso ha cambiado”.

A la espera de que el mercado español remonte, la compañía apuesta por exportar el excedente de cemento fabricado en territorio nacional. Lo han hecho otras compañías que no veían más salida a la crisis. La Generalitat de Cataluña llegó a dragar un puerto en Alcanar (Tarragona) para que tuviera mayor capacidad de calado y pudieran entrar barcos más grandes para cargar el cemento que allí produce Cemex.

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Sobre la firma

Dani Cordero
Dani Cordero es redactor de economía en EL PAÍS, responsable del área de industria y automoción. Licenciado en Periodismo por la Universitat Ramon Llull, ha trabajado para distintos medios de comunicación como Expansión, El Mundo y Ara, entre otros, siempre desde Barcelona.

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