Rumasa conserva todavía 160 millones de euros en caja

Rumasa, la matriz del grupo expropiado hace 32 años por el Gobierno del expresidente socialista Felipe González, registró el año pasado un beneficio de 191.000 euros derivados en su mayoría de los intereses que cobra por invertir en deuda pública de España. La empresa cerró, después de años en pleitos, todos los procesos judiciales que los antiguos propietarios habían vuelto a interponer a través de recursos ante el Tribunal Supremo, según explican fuentes del Ministerio de Hacienda.

Rumasa es, desde febrero de 1983, una empresa pública que ahora depende de la Dirección General de Patrimonio del Estado, integrado a su vez por el Ministerio de Hacienda. La empresa, que cuenta actualmente con una plantilla de nueve trabajadores frente a los más de 60.000 empleados cuando fue expropiada, registra actualmente una actividad muy limitada. Se dedica básicamente a la gestión de los cobros y pagos derivados de la expropiación y la privatización posterior. Una parte importante de su actividad está relacionada con la defensa jurídica de los procesos judiciales que quedaban vivos hasta el año pasado. Estos pleitos tienen que ver con la determinación de “los justiprecios y retasación” de los activos y empresas que constituían el grupo empresarial y que fueron planteados por los antiguos accionistas.

La sociedad conserva una tesorería de unos 160 millones de euros, una cantidad “muy elevada” pero necesaria, según fuentes de Hacienda, para hacer frente a los imprevistos que pudieran surgir de los contratos de reprivatización y de los pleitos que tanto Rumasa como el Estado mantenían con los antiguos propietarios. Esta tesorería millonaria tiene su origen en la venta de las unidades de negocio y filiales de la antigua corporación. La gestión de esta tesorería se hace a través de inversiones en fondos de deuda pública española, según explica el Ministerio de Hacienda. “Las inversiones se hacen a corto plazo, no superando normalmente el periodo de un año”, señalan las cuentas anuales. Y añaden: “De acuerdo con la singularidad de esta compañía, prácticamente todos sus ingresos lo son por intereses derivados de la inversión en deuda pública del Estado”.

La empresa pública tiene un capital social de 102.172.000 euros y unas reservas procedentes de los beneficios generados en los años precedentes de 57.726.000 euros.

En los últimos años la sociedad ha afrontado una catarata de procesos debido a la multitud de recursos interpuestos por los antiguos accionistas mayoritarios, la familia Ruiz-Mateos, ante el Tribunal Supremo.

Durante los últimos años, la empresa pública afrontó en el Supremo 102 causas por justiprecios y otros 222 procesos por retasaciones de las sociedades que formaban el grupo Rumasa tras ser privatizadas por el Estado. Entre estos procesos destaca el correspondiente a Galerías Preciados, en el que el Supremo dictó una sentencia favorable para el Estado en febrero de 2013.

El alto tribunal dictó las últimas sentencias sobre estos asuntos durante el año pasado: todas fueron favorables al Estado debido a que hubo recursos no admitidos a trámite o que la doctrina sentada por este mismo tribunal daba la razón al Gobierno y a la empresa. “Actualmente no existen pleitos pendientes por estos conceptos”, precisan fuentes de Hacienda. Por este motivo, Rumasa no tiene pasivos ni activos pendientes derivados de la expropiación y la posterior reprivatización.

Sin tener en cuenta la nacionalización de Bankia, la de Rumasa fue una de las mayores expropiaciones de la historia de España. El miércoles 23 de febrero de 1983, el Gobierno de Felipe González dictó la orden de expropiación de los bancos y cerca de 400 empresas del grupo Rumasa. Un portavoz del Gobierno justificó entonces la acción para “garantizar plenamente los depósitos de los bancos, los puestos de trabajo y los derechos patrimoniales de terceros, que considera gravemente amenazados”.

El periodista Mariano Guindal narra en su libro El declive de los dioses cómo una pregunta suya al entonces ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, precipitó la nacionalización de Rumasa. Tras publicar la respuesta en la que el ministro amenazaba a Rumasa con enviarle a los inspectores del Banco de España porque no presentaba el informe de auditoría, los clientes de los bancos del grupo empresarial comenzaron a sacar su dinero, lo que derivó en la intervención rápida del Ejecutivo para frenar el pánico. La nacionalización de Rumasa continúa siendo, 32 años después, uno de los capítulos más importantes de la historia económica de España.