El juez Ruz eleva a juicio la causa contra los gestores de Damm
El magistrado rechaza el incidente de nulidad que había presentado Carceller
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado el incidente de nulidad que había planteado Demetrio Carceller Coll -quien entendía desproporcionada su fianza-, con lo que eleva a juicio la causa contra los gestores de Damm, que correrá a cargo de la sección cuarta de la Sala de lo Penal.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Efeagro, el juez resuelve el último intento de la defensa de Demetrio Carceller Coll, que planteó un incidente de nulidad al no estar de acuerdo con la fianza impuesta por el juez en el auto de apertura de juicio oral del pasado cuatro de diciembre.
En consonancia con la Fiscalía Anticorrupción, Ruz rechaza ese incidente de nulidad al entender que la fianza impuesta a Carceller se fijó con pleno respeto a las normas que regulan la materia, "no siguiendo un cálculo arbitrario, ni vulnerador de derechos fundamentales" -como argumentaba la defensa-, sino calculando la cuantía indiciariamente defraudada.
Resuelto este último incidente, y una vez que se han presentado los cuatro escritos de defensa, Ruz eleva ya los 28 tomos que componen la causa.
Será, por tanto, ahora la sección cuarta de la Sala de lo Penal la que juzgue los hechos. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz había dictado el pasado diciembre la apertura de juicio oral contra el presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, y su padre, Demetrio Carceller Coll, y les daba diez días para abonar 236,4 y 476,4 millones de euros, respectivamente, como fianza civil por varios delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
En un auto, el magistrado sentaba en el banquillo, además, al "hombre de confianza" de este último, José Luis Serrano Flórez, y al abogado del despacho Pretus Gabriel Ignacio Pretus Labayen.
Para el presidente de Damm, la Fiscalía ya solicitó una pena de 14 de años de prisión, que elevaba a 48 y medio para su padre, Demetrio Carceller Coll, mientras que para Serrano reclamó 19 y para Pretus, 42.
Según el juez, a lo largo de la causa ha quedado indiciarianenteacreditado que los imputados crearon una trama defraudatoria a la HaciendaPública en relación al impuesto sobre la renta de personas físicas (IRPF), de patrimonio y de sucesiones.
