Tierra de sol y comida a buen precio

España es uno de los países más baratos de Europa occidental tanto para la compra de productos alimentarios, como de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. En la Europa de los Quince, la que excluye la ampliación al Este, sólo en Portugal los precios son más bajos. A pesar de que desde la década de 2000 el incremento en España de los precios al consumo de los productos alimentarios ha sido superior a la media registrada en la UE, estos siguen estando en la casi totalidad de los casos por debajo de la media comunitaria. Sólo hay dos excepciones, el pan y los cereales.

El peso de la alimentación y las bebidas en la cesta de la compra española, aunque se ha reducido en los últimos años, sigue siendo alto. España, en comparación con EU-15, ocupa el tercer lugar, por detrás de Portugal y Finladia. Estos son los datos más significativos de un estudio sobre el peso de la alimentación y las bebidas en la cesta de la compra, teniendo en cuenta el poder adquisitivo en la Unión Europea, elaborado por los economistas Joaquín Maudos y Jimena Salamanca en el seno del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas para la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab).

“En el estudio, señala Joaquín Maudos, nos hemos limitado a analizar los datos oficiales de Eurostat, sin entrar en otras valoraciones o razones que puedan dar lugar a esta situación, y que pueden estar en los volúmenes de la oferta, la regulación de los mercados, niveles de fiscalidad, políticas de distribución o los márgenes empresariales. Todo eso hay que verlo y necesita otro estudio”.

Quienes, sin recurrir a investigaciones, tienen las cosas claras sobre porqué es la alimentación más barata en España son los agentes que operan en la cadena, desde que sale un producto en origen hasta que el mismo llega al consumidor. Para las organizaciones agrarias como COAG y UPA, los precios de la alimentación barata tienen su principal razón en las bajas cotizaciones que se pagan en el sector agrario, tanto en momentos de baja oferta, como en periodos de elevadas producciones. Todo ello agravado por importaciones a precios bajos de terceros países, por la entrada de excedentes comunitarios, y por la inexistencia de los necesarios mecanismos de regulación de los mercados tras su desmantelamiento por la Unión Europea. A esta situación se suma la existencia de un sector productor que no está lo suficientemente organizada para defender los precios en origen, mientras los mismos experimentan unos incrementos de hasta el 1.000% en los productos frescos en su camino hasta el consumidor.

Sólo el pan y los cereales son más caros que la media comunitaria

Desde la producción agraria también apuntan a la batalla por cuota de mercado de los grupos de distribución. Su estrategia de competir en precios bajos ha sido denunciada desde el sector agrario ante la Agencia de Información y Control de la Cadena Alimentaria. Otra práctica denunciada por el sector agrario y la propia industria es la política de algún grupo de distribución de vender productos similares a precios muy diferentes a uno y otro lado de los Pirineos, en función de la presión que puedan hacer en cada territorio los agricultores, ganaderos o las Administraciones Públicas. Esa práctica se ha escenificado, por ejemplo, en precios como el del pollo, que es de 2,20 euros por kilo en España y de 3,5 euros en Francia. O un litro de leche, que se vende a un euro al norte de los Pirineos y a menos de 0,70 en el sur.

Las causas de esos bajos precios están igualmente claras para el conjunto de las empresas alimentarias cuya patronal, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, fue la responsable de encargar el estudio comparativo de los precios para constatar lo que ya se estaba viendo en los lineales de la gran distribución en España y en los demás países comunitarios: precios diferentes para un producto similar. Desde la federación se atribuyen estas variaciones al poder y la presión de los grandes grupos de la distribución.

A Ignacio Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribución de Autoservicios y Supermercados, Asedas, no le sorprende que los precios en España sean más baratos y considera que es un beneficio para los consumidores. En su opinión, esto es consecuencia de una distribución que tiene una fuerte competencia, —no habla de guerras—, a la vez que tiene una gran capacidad competitiva como resultado de un sector agrario con elevadas producciones y de una industria innovadora. Para Magarzo, en esta situación de precios más bajos desempeñan un papel muy importante los grandes grupos, pero, sobre todo, muchas cadenas pequeñas y medianas de distribución regional. Para el representante de Asedas, este escenario de bajos precios para el consumidor requiere “que nos pongamos todos las pilas, que se mejore en eficiencia en tamaño y en estructura para que toda la cadena esté debidamente remunerada”.

Los productores se quejan de las bajas cotizaciones que se pagan en origen

Sobre el papel, los precios bajos que se pagan en España están beneficiando a los consumidores. Sin embargo, esto no lo tiene claro Isabel Ávila, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU). Considera que si los precios fueran tan baratos no se habría producido una caída de la demanda. La responsable de la organización no se cree igualmente las comparativas de precios y de renta media porque, en el caso de España, existe un amplio colectivo de la población con unos ingresos mínimos, lejos de los salarios de otros países, por lo que las conclusiones no responden a la realidad de una gran parte del país.

Mientras tanto, los que sin duda sufren la política de precios bajos son los productores en origen. Desde la industria se estima que ello supone una reducción permanente de los márgenes de beneficio en comparación con las empresas que operan en otros países comunitarios y una menor capacidad para invertir e innovar. Igualmente, vender barato se ve como un punto negativo para la imagen de España a efectos de las exportaciones.

Al margen de las posiciones de unas y otras partes, la realidad es que los precios más bajos en España constituyen un modelo sobrevenido cuyo cambio no parece factible. En países como Francia, en algunos momentos de crisis de precios en origen, la Administración llama a capítulo a la industria y a la distribución para poner orden. En España no existen antecedentes de medidas similares ni se esperan actuaciones en esa dirección. A lo más que ha llegado la actual Administración agraria, algo que nunca antes se había puesto en práctica, es a la firma de protocolos de buena voluntad con organizaciones de la distribución para que no se vendieran productos como leche y aceite a precios de oferta por debajo de coste.

Fernando Burgaz, director general de Industrias Alimentarias, ve los precios bajos como la consecuencia de ser un gran productor agrario, de tener una industria competitiva y de poseer además un modelo ya muy instalado de distribución. “Lo importante”, señala, “es que funcione de una forma correcta la cadena de valor, que cada una de las partes de la misma puedan percibir lo que le corresponde para desarrollar adecuadamente y con rentabilidad su actividad. Y para ello tenemos en marcha la Ley de la Cadena Alimentaria y la Agencia de Información y Control de la Cadena Alimentaria”.