Un juzgado condena por primera vez a tres gestores de Afinsa

Primera victoria jurídica para los 200.000 afectados por Afinsa, el negocio que bajo la fachada de la compraventa de sellos derivó en una estafa financiera. El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha condenado a tres de los principales administradores de Afinsa a devolver 1.825 millones de euros a los acreedores que dejó la firma al declararse en concurso (antigua suspensión de pagos) tras ser intervenida judicialmente en 2006.

Se trata de la primera sentencia condenatoria contra directivos de Afinsa, ya que la causa penal que juzga la Audiencia Nacional contra 14 ejecutivos de la sociedad como responsables de un “fraude piramidal” aún se encuentra en fase de instrucción, tras más de ocho años de lucha en los tribunales de miles de afectados que perdieron en torno a 2.000 millones de euros. Ninguno de los procesados se encuentra actualmente en prisión.

Pero pese a la aparatosidad de la condena del juzgado de lo mercantil, se trata de una victoria moral porque los condenados no disponen de bienes para hacer frente a la devolución de esa cantidad, como ya se hizo patente cuando el juez Santiago Pedraz de la Audiencia les impuso fianzas millonarias en su procesamiento en julio de 2013.

En la misma línea, se han pronunciado algunas asociaciones de afectados, como Adicae, que se encuentra entre los demandantes, y que ha pedido que el Gobierno salga al rescate de los afectados porque el patrimonio de los condenados no cubrirá ni una parte insignificante del perjuicio económico causado.

En concreto, el fallo del juzgado de Madrid ha condenado a Juan Antonio Cano Cuevas, presidente del Consejo de Administración de Afinsa; Carlos de Figueiredo Escribá, consejero de la sociedad y Vicente Martín Peña, consejero y director general de inversiones del grupo. La sentencia les condena a restituir, a partes iguales, 1.825 millones de euros a los acreedores, los inhabilita durante 15 años para ejercer como administradores de cualquier sociedad y les condena a la pérdida de cualquier derecho sobre la deuda que como acreedores pudieran tener con Afinsa.

Los tres directivos condenados ejercían sus cargos desde dos años antes de la declaración de la sociedad en concurso de acreedores. Ese plazo es relevante porque el juez desestima la declaración de culpabilidad para otros once gestores de Afinsa o sus sociedades interpuestas por no ejercer sus cargos en los dos años anteriores a que se produjera la intervención y, por tanto, el concurso.

Ese es el motivo por el que, pese a la petición de los demandantes —la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal— el juzgado absuelve al fundador de Afinsa, Albertino de Figueiredo, que estuvo ligado a la sociedad desde sus inicios hasta junio de 2003, cuando cesó como presidente no ejecutivo del consejo.

La sentencia basa su condena tanto en la incorrecta contabilización de las cantidades entregadas por los clientes en virtud de los contratos filatélicos (al omitirse en las cuentas el compromiso futuro de restituir dichas cantidades) como en la sobrevaloración de los sellos.

Considera que, de haber sido correctamente comprobados los compromisos de restitución del dinero, entregado por los clientes y el valor real de los sellos, Afinsa hubiera estado en situación de concurso años antes de su intervención judicial por parte de la Audiencia Nacional y su declaración de concurso, por lo que la calificación culpable del concurso también se basa en el retraso en solicitar dicha declaración.

El negocio de Afinsa se basaba presuntamente en la compra de sellos que los clientes adquirían cuando suscribían un contrato de inversión por el que recibían suculentos intereses, muy por encima del que ofrecían las entidades financieras. Sin embargo, el negocio filatélico era en realidad una tapadera para una estafa piramidal, porque los sellos que aparentemente respaldaban los contratos o no existían o no garantizaban ni remotamente el capital que los clientes invertían en los mismos. De esta forma, los gestores se veían obligados a captar cada vez más clientes con cuya inversión cubrir el pago de intereses de los clientes más antiguos.

Miles de afectados se manifiestan periódicamente en las principales ciudades españolas para protestar por el retraso judicial y para exigir que la Administración se implique en este problema como responsable subsidiario. “No se va recuperar nada de los tres directivos condenados. Es preciso que el Estado salga al rescate”, señaló Antonio Pulido, portavoz de Adicae.