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Hacienda investigará el uso de tarjetas en las empresas del Ibex 35

La Agencia Tributaria comprobará si hay uso fraudulento en gastos de representación El Banco de España asegura que nunca fue informado de los pagos opacos

Íñigo de Barrón
Un hombre paga con su tarjeta en una tienda.
Un hombre paga con su tarjeta en una tienda.AFP

La Agencia Tributaria ha decidido abrir una investigación para analizar el uso de los gastos de representación en las grandes empresas y ver si ocultan pagos irregulares o se utilizan como método para pagar sueldos sin tributar. Esta es la respuesta de la Administración a la alarma social que ha provocado la noticia de que 86 ejecutivos y directivos de Caja Madrid y Bankia usaron tarjetas opacas para gastos personales como compras en hipermercados, ropa, viajes o para obtener dinero en metálico de los cajeros. En total, los altos miembros de la entidad financiera cargaron gastos por 15,5 millones de euros entre 2003 y 2012, un dinero que no fue declarado a Hacienda.

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El Ministerio de Hacienda desmiente rotundamente que existiera un acuerdo con la Agencia Tributaria para evitar el pago de impuestos por el uso de estas tarjetas, como ha declarado Pablo Abejas, que ha tenido que dejar su cargo de director general de Economía de la Comunidad de Madrid por haber gastado 246.700 euros con la tarjeta de Caja Madrid. Según Abejas, el gasto con estas tarjetas opacas, que estaban fuera del sistema de la entidad financiera y de las que no se exigía justificantes, "le parecía bien a Hacienda". "Al Banco de España también, lo veía en el gobierno corporativo", ha afirmado estos días. Abejas era presidente de la Comisión de Control de Caja Madrid, es decir, del órgano que debía supervisar estas cuentas.

Sin embargo, el desmentido es tajante por parte del Gobierno. "No había ningún acuerdo, como no puede ser de otra forma, y tampoco consta que se realizara una consulta para dilucidar este asunto", explican fuentes de Hacienda. El argumento de que todo era legal y que los consejeros nunca supieron que podían tener problemas con Hacienda por usar estas tarjetas opacas lo han usado más consejeros consultados. Choca, no obstante, con el hecho de que Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj y Matías Amat han devuelto una parte —no todo hasta ahora— de lo cobrado en cuanto se lo reclamó Bankia.

El Banco de España se manifestó en términos similares a Hacienda. "El Banco de España no ha sido informado en ningún momento ni ha recibido consulta de ningún tipo sobre la existencia de pagos a través de tarjetas fiscalmente opacas a directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia", aseveraron fuentes de la institución. Por otro lado, explicaron que su labor de supervisión se enfoca en analizar la solvencia de la entidad de crédito y, "en este caso, el importe de las tarjetas no es suficiente para que se vea afectada la solvencia de la caja".

La denuncia del caso la ha realizado la nueva Bankia, presidida por José Ignacio Goirigolzarri, al descubrir este uso irregular. En algunos casos, los gastos se camuflaban con los de las tarjetas legales para los gastos de representación. En otras ocasiones se cuadraban las facturas como "cuentas correspondientes a errores del servidor informático". Esta ocultación, según consta en el informe del FROB a instancias de Bankia, hacía más difícil el descubrimiento del dinero.

Desde 1992 está fijada por la legislación que todos los gastos personales que realice un directivo con una tarjeta de empresa se consideran retribución en especie. Según expertos fiscalistas, si la empresa no pide justificantes de los gastos, se pueden considerar personales, ya que no hay constancia de dónde y por qué se ha gastado ese dinero. Por eso, este caso no solo puede repercutir en los 86 directivos, sino también en los responsables de Caja Madrid y Bankia que organizaron y mantuvieron este sistema que, en la práctica, suponía un engaño a la Hacienda Pública.

Otra acusación de los consejeros es que estas tarjetas existían desde la presidencia de Jaime Terceiro. Sin embargo, fuentes de la anterior dirección apuntan que aquellas tarjetas tenían en 1996 un límite máximo mensual de 600 euros, recibían el mismo tratamiento contable e informático del resto de tarjetas de Caja Madrid y su información era absolutamente transparente para la institución, auditores y reguladores. El comité de auditoría interna las vigilaba como el resto de gastos de la caja, según estas fuentes.

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Sobre la firma

Íñigo de Barrón
Es corresponsal financiero de EL PAÍS y lleva casi dos décadas cubriendo la evolución del sistema bancario y las crisis que lo han transformado. Es autor de El hundimiento de la banca y en su cuenta de Twitter afirma que "saber de economía hace más fuertes a los ciudadanos". Antes trabajó en Expansión, Actualidad Económica, Europa Press y Deia.

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