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El sector del pollo se une contra la gran distribución

La industria denuncia prácticas de venta a pérdidas

Una explotación avícola en Villamanrique de la Condesa (Sevilla).
Una explotación avícola en Villamanrique de la Condesa (Sevilla). García Cordero

El conjunto del sector de la avicultura de carne, desde los granjeros a las industrias, pasando por los mataderos y las empresas integradoras, han unido sus fuerzas para denunciar ante las diferentes Administraciones la política de la gran distribución, a la que acusan de pactar precios y de ventas a pérdidas contra los intereses de un sector formado por más de 5.000 granjas y que ocupa a más de 50.000 empleos.

El sector prepara una entrega masiva de pollo gratis en Madrid para denunciar su situación. Según los estudios del propio Ministerio de Agricultura, tras analizar toda la cadena, los precios de venta al público de la carne de pollo se deberían situar entre los 2,45 euros por kilo y los 2,76 euros. En esos precios finales, el coste de un kilo de pollo vivo se situaría en 0,97 euros. A la salida de matadero el precio del kilo estaría entre 2,05 y 2,18 euros, cifra a la que se sumarían los costes de comercialización y distribución.

Frente a este comportamiento de los costes, según los datos recogidos por la Unión de Pequeños Agricultores, los precios medios de venta entre los diferentes grupos de la gran distribución se sitúan de forma mayoritaria en los 2,18 euros por kilo. Por el contrario, en las tiendas tradicionales, esos precios se situarían en unos 2,75 euros.

En opinión del responsable de sector de la organización agraria, David Erice, en el desarrollo de los estudios realizados se ha comprobado que la evolución de los precios en origen no ha tenido nada que ver con los precios de venta al consumidor, dándose el caso de que bajadas en los precios en granja se han correspondido con ligeras subidas en destino y, sobre todo, con unos precios prácticamente iguales entre las cadenas de mayor competencia.

El equilibrio en los intereses de la cadena alimentaria es uno de los objetivos pretendidos en la ley que aprobó el Gobierno y que se aplica desde este año. En función de esta nueva disposición, Agricultura puede investigar de oficio cualquier atisbo de irregularidad en el comportamiento de la cadena. Por el contrario, las investigaciones sobre ventas a pérdidas o pactos de precios corresponden a Economía de acuerdo con la normativa sobre comercio, desde donde, hasta la fecha, han pasado por alto la casi totalidad de las reiteradas denuncias del sector para productos como el pollo, el conejo, la leche o el aceite.

Los representantes del sector productor creen que es urgente reequilibrar el mercado para que la producción de pollo sea rentable para los ganaderos y siga siendo un producto barato para los consumidores. Granjeros y empresas del sector acaban de suscribir un contrato para ser más eficientes y mantener una actividad que suponga una producción de 1,1 millones de toneladas al año.

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