Maleni no es Willy Brandt
Maleni se atrinchera. El enroque de la exministra socialista Magdalena Álvarez en la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), negándose a dimitir, promete constituirse en inolvidable página gloriosa. De esta democracia, de la marca España, y de la contribución española al prestigio de las instituciones y organismos de la Unión Europea: y de uno en concreto, como el banco público que tanto interesa para el relanzamiento económico de este país. Se avizora una página tan sofisticada como elegante fue la operación de acoso y derribo que le urdieron el Gobierno y el PP en plena campaña electoral, para tapar vergüenzas propias.
Las dificultades del Gobierno para echar a Maleni provienen de los recelos de los otros Gobiernos. No quieren que el asunto siente precedente y esperan que los litigios hispano-españoles se sustancien en casa y no irrumpan en la casa común. Las dificultades de Álvarez para hacer lo que es obvio que debe hacer derivan o de una autoestima demasiado vitaminada o de la incomprensión de en qué consiste la responsabilidad política.
Llevemos la presunción de inocencia de la imputada Álvarez al límite. Consideremos la hipótesis de que la peculiar juez Mercedes Alaya, pero también la menos peculiar Audiencia de Sevilla hubieran actuado contra la ley al perseguirla por una causa ciertamente sorprendente: haber puesto en pie el edificio normativo que posteriormente utilizaron otros para el descomunal fraude de los ERE. A ojos profanos les es arduo vislumbrar ahí el dolo imprescindible para que concurra un delito penal. O sea, es posible que Álvarez acabe obteniendo la razón en sede judicial.
Pero eso para nada sustenta la continuidad de la vicepresidenta en su cargo. Tener la (hipotética) razón jurídica (incluso la presunción de razón judicial) no otorga razones para continuar en un cargo cuando se perjudica su servicio, su imagen y por ende, su eficacia. Maleni no debe haber leído la historia de la dimisión más honorable —y una de las más injustas— en la historia europea, la que fundó la doctrina, en la socialdemocracia, de cuándo hay que renunciar al cargo. La de Willy Brandt, que en 1974 abandonó la cancillería al descubrirse que uno de sus secretarios, Günter Guillaume, era un espía infiltrado de la Stassi, la siniestra política de la RDA. Brandt ignoraba ese extremo, pero el hecho arrojaba sombras objetivas sobre su honorabilidad y sobre el prestigio de su cargo. Las eliminó cesando en él. La responsabilidad política no equivale a la responsabilidad penal por haber actuado indebida, irregular o criminalmente. No supone reconocimiento de haber cometido delito. Ni implica asumir culpa ninguna. Supone salvar a la institución de ser cuestionada y de constituirse en objeto de polémica.
Quizá habría que arbitrar para algunos casos situaciones de excedencia especial (hilvanada en asteriscos) hasta la resolución final del asunto. Pero es complejo. Y en todo caso, mientras no sea así, rige la doctrina Brandt. La demostración más plástica de que —-contra lo que algunos proclaman—-, esta no es una sociedad de castas, es que hay dirigentes que dimiten, renuncian, abdican. Aunque duela.
