La determinación judicial, clave en el caso

En solo un año y medio, cuatro ex altos ejecutivos de Caixa Penedès han sido juzgados y condenados por administración desleal. La elusión de una pena segura de cárcel ha sido clave para que devuelvan los 28,6 millones en pensiones cobrados irregularmente.

Los directivos pronto se han desdicho de sus argumentos sobre la honestidad de sus gestiones y el merecimiento de sus emolumentos en una entidad que se fusionó y necesitó ayudas por las pérdidas en las que incurrió.

El caso de Penedès este jueves fue muy comentado en los bufetes que defienden y acusan a ex directivos de cajas pendientes de juicio por causas similares. En opinión de algunos juristas consultados, la clave de la rapidez del caso ha sido la firmeza y determinación del juez José María Vázquez Honrubia, así como la del fiscal Anticorrupción de Barcelona, Emilio Sánchez-Ulled, que abrió diligencias al día siguiente de conocer las pensiones por la prensa. También ayudó la rapidez en la instrucción del juez de la Audiencia Santiago Pedraz, que la concluyó en días. “La actitud del juez y la Fiscalía ha sido determinante. Ojalá sea un acicate para otros”, dice un abogado de la acusación de otros casos. Andrés Herzog, abogado de UPyD, también confía en que la sentencia incentive otros juicios.

También ha influido que fue la propia entidad fusionada, BMN, la que destituyó los directivos y terminó como acusación particular. En este caso no hubo, como en Novagalicia, una fusión que ocultara pensiones injustificables, que ascendían en ese caso a 52 millones para seis directivos.

También ha influido que en Penedès ocultaron sus pensiones a todo el consejo. En otros casos abiertos, las pensiones eran más o menos conocidas por el consejo, aunque con un velo de ocultación. En Novagalicia se investiga si un blindaje de 7,8 millones fue escondido al consejo. UPyD denunció por desproporcionados los cobros de Miguel Blesa, Rodrigo Rato y otros 15 directivos de Caja Madrid: 71,5 millones entre 2007 y 2011, antes del rescate. Anticorrupción archivó la denuncia.

Catalunya Banc, socorrida con 12.000 millones de dinero público, pagó 600.000 euros por echar a su expresidente, Adolf Todó, que reclama una pensión de 4,5 millones. El juez de la Audiencia Javier Gómez Bermúdez investiga el cobro irregular de dietas y créditos del ex director general de CAM Roberto López Abad y el directivo Juan Ramón Avilés por 17 millones. Y en Caja Segovia hay otra denuncia similar.