La venganza de Jacques Delors
¿Con qué lo comparamos? Si contrastamos el acuerdo de principio alcanzado entre ministros y parlamentarios sobre el fondo de liquidación y rescate bancario con las promesas federalistas de la cumbre de junio de 2012, nos queda un ácido mal sabor de boca. Si lo comparamos con el magro resultado intergubernamental del Consejo Europeo de diciembre, constatamos mejoras que demuestran la utilidad de la Eurocámara (y su conjura con el BCE y la Comisión) e incitan a votar el próximo 25 de mayo. Si recordamos que el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, dijo al inicio de esta negociación que se atenía a las lentejas de diciembre, o las tomas o las dejas, las sumisas consultas telefónicas del presidente del Eurogrupo dolerán algo menos: ningún país, ni siquiera “el” Estado miembro por antonomasia, puede imponer del todo su “diktat”.
Pero hay otra comparación jugosa, la practicable no con la lupa cotidiana sino con el catalejo de la historia. En abril hará 25 años que el Comité Delors, fabricante del diseño de la unión monetaria, publicó su famoso Informe. En el punto 32 propugnó crear una autoridad de supervisión bancaria ejercida por “un Consejo de supervisión o un Comité de controladores independientes”; e involucrar al futuro banco central (hoy, BCE) en “la coordinación de las políticas de supervisión”. Aquella autoridad decayó, no llegó al Tratado de Maastricht; lo segundo llegó a encaramarse al artículo 105, pero diluido, cojo y exangüe: el banco central contribuiría a “la buena gestión de las políticas que lleven a cabo las autoridades competentes con respecto a la supervisión prudencial de las entidades de crédito ya la estabilidad del sistema financiero”. Paparruchas.
¿Por qué se abortó entonces la supervisión, primer pilar de la unión bancaria que ha debido esperar tanto? Porque el Bunsdesbank convenció a sus colegas y a los (entonces) doce ministros de Economía de que aupar al Tratado un rol explícito del BCE en la supervisión bancaria era peligroso. ¿Peligroso? Sí, según los gobernadores y los “ecofines”, pues el encargado de regular y supervisar adquiría por eso mismo, aunque fuera implícitamente, la responsabilidad de pagar los platos rotos de cualquier percance que sucediera bajo su tarea controladora. Es decir, tendría que apechugar con todo el coste, o parte, de rescatar un banco o liquidarlo. El segundo negociador de Fráncfort, Hans Tietmeyer, dejó caer que su negativa “no significa que el BCE no tenga que apoyar la estabilidad del sistema financiero, pero eso no debe escribirse jamás, porque equivaldría a riesgo moral”: o sea, a incentivar la conducta desordenada de los bancos si sabían que tenían red de seguridad. Es decir: la autoridad de supervisión reclamaba una autoridad y un fondo de rescate/liquidación bancaria, o de “resolución”. O sea: aportar fondos.
Un cuarto de siglo después, algunas de las ideas estúpidamente desechadas del Informe Delors se imponen, aunque sea a tímidos borbotones. Han tomado venganza. “La unión económica y la unión monetaria forman parte integrante de un conjunto y deben en consecuencia realizarse en paralelo”, reclamaba el gran Jacques. Tarde, pero va llegando.
