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El presidente de Sacyr: “Queremos seguir negociando aunque la obra se pare”

Manuel Manrique señala que seguirá luchando por acabar la obra Ana Pastor insta al Canal y al consorcio a mantener el diálogo

Miguel Jiménez

Las negociaciones se han roto, pero tanto la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) como el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) aún mantienen una rendija abierta para retomar el diálogo, al menos en sus declaraciones. “Mientras haya posibilidades, vamos a seguir luchando”, señaló este miércoles Manuel Manrique, presidente de Sacyr a EL PAÍS. El directivo admite que, ante la falta de financiación, “la obra se va parando sola, de hecho, se va a parar”. Pero incluso en ese escenario, el consorcio mantiene que es posible el diálogo. “Vamos a insistir en que queremos seguir negociando aunque esté parada la obra”.

El Gobierno reclamará a Sacyr el aval si Cesce tiene que pagar. El grupo no ha cuantificado aún el impacto en sus cuentas

En favor de la negociación se pronunció este miércoles también la ministra de Fomento, Ana Pastor. En declaraciones en Alicante recogidas por Europa Press, la ministra insistió en apelar “a lo que han hecho las partes durante este último mes, a seguir dialogando”, y a “lograr un entendimiento” que permita concluir una “infraestructura clave para todo el mundo”. Pastor insistió en que se trata de un problema financiero. “No se está hablando de la ingeniería, que sigue impoluta, de magníficos tecnólogos e ingenieros que trabajan en la obra. Estamos hablando de un problema financiero que tienen que resolver las partes”, dijo resaltando la importancia de “la defensa de la marca España en materia de ingeniería civil”.

El Gobierno, de momento, no tiene previsto realizar otro viaje a Panamá, tras la visita de Pastor de enero. “Si se confirman las noticias de la ruptura de las negociaciones, sería una mala noticia para todas las partes porque creemos que existía una alternativa que era mejor para todos”, dijo este miércoles el ministro de Economía, Luis de Guindos, antes de participar en un coloquio organizado por Deloitte y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), informa Amanda Mars.

Guindos subrayó que el Gobierno tratará de “minimizar” el impacto que tendría el desacuerdo final y el cese de las obras sobre las cuentas públicas. Hacía referencia a la contragarantía prestada por Cesce, empresa de mayoría pública, en relación con la ejecución de la obra. En caso de que la firma Zurich tenga que desembolsar la fianza de cumplimiento de 400 millones, podrá a su vez exigírsela a las firmas de seguros nacionales de los miembros del consorcio. Cesce prestó un aval inicial por 217 millones de dólares (unos 160 millones de euros) por si se ejecuta la fianza a Zurich y Sacyr no la reintegra en cinco días. Por separado, Cesce suscribió con la constructora española un acuerdo por el que Sacyr se obligaba al pago de la prima y a reembolsarle el importe de la indemnización en el caso de que llegase a producirse el pago de la misma, de modo que solo habría peligro para las arcas públicas en un supuesto extremo de insolvencia del grupo constructor.

Sacyr admitió el mes pasado que se juega se juega fianzas, anticipos y garantías por 573,9 millones de dólares (420 millones de euros). Esas garantías incluyen 173,3 millones de dólares de fianza de cumplimiento, 21,7 de pago a proveedores, 363,4 de anticipo de obra y 15,5 por préstamos. Los miembros del consorcio tienen una garantía conjunta y solidaria frente a la ACP de 600 millones de dólares, de los que 400 son por el cumplimiento de la obra.

Sacyr aún no tiene cuantificado el impacto sobre sus cuentas del conflicto del Canal. Evaluará la situación con la ayuda de un experto independiente y de los auditores del consorcio y de la propia empresa, que tendrán que decidir si realizan una advertencia o párrafo de énfasis en su informe sobre las cuentas.

Manrique considera que el consorcio apenas puede hacer nada más tras su última oferta, la cual implica hacerse cargo de la financiación del 50% de los sobrecostes, cifrados en 1.600 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros) y garantizar a la ACP el cobro de la otra mitad si los jueces dan la razón al Canal en los arbitrajes sobre esos costes imprevistos. Además, subraya que su propuesta implica que todo el dinero fresco sea puesto por el consorcio, mientras que el Canal se limite a posponer la devolución de los anticipos. El presidente de Sacyr rechaza las acusaciones del Canal de que haya sido “inflexible” y subraya cómo GUPC ha ido suavizando su postura. Tras pedir 400 millones de dólares de aportación del Canal, admitió que esa suma sea asumida como deuda por el consorcio. Y de reclamar que la devolución de los anticipos se pospusiese al fin de los arbitrajes, admite que se reintegren en plazos de 2015 a 2018, año en que acaba el contrato de mantenimiento.

Manrique cree que aún es pronto para hablar de la batalla jurídica, que en realidad ya discurre en paralelo en relación con los sobrecostes, y que será en lo que acabe el caso si la ruptura del contrato se consuma.

Cronología del conflicto

  • Abril de 2006. Panamá inicia los trámites para ampliar el canal con un proyecto que asciende a 5.250 millones de dólares (4.000 millones de euros) y tenía que estar acabado en 2014.
  • Julio de 2009. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) adjudica al Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr, la mayor parte del proyecto, con un presupuesto de 3.118 millones de dólares.
  • Marzo de 2010. El GUPC afirma haber descubierto anomalías en los estudios del terreno hechos por la ACP.
  • Julio de 2012. El grupo liderado por Sacyr reclama 588 millones de euros y pide ampliar el plazo para las obras.
  • 30 de diciembre de 2013. Sacyr y sus socios envían un preaviso a la ACP de paralización de las obras en 21 días (20 de enero) por falta de liquidez. El consorcio demanda el pago por costes imprevistos por 1.200 millones.
  • 1 de enero de 2014. ACP rechaza las presiones del consorcio internacional para negociar "fuera de contrato" los costes imprevistos.
  • 2 de enero de 2014. El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, viaja a España e Italia para exigir a los Gobiernos que pidan a sus empresas el cumplimiento del contrato.
  • 6 de enero de 2014. La ministra de Fomento, Ana Pastor, visita Panamá para mediar en el conflicto.
  • 7 de enero de 2014. Arrancan las negociaciones entre la ACP y el consorcio. El GUPC solicita un adelanto de 400 millones de dólares.
  • 8 de enero de 2014. Impregilo, socio de Sacyr en el GUPC, plantea que para que las obras sigan a partir del 20 de enero, el Canal debía aportar hasta 735 millones de euros.
  • 9 de enero de 2014. La Autoridad del Canal rechaza la oferta de Impregilo por considerar que las condiciones propuestas están "fuera de contrato".
  • 13 de enero de 2014. El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, defiende los costes imprevistos que reclaman la constructora y sus socios.
  • 20 de enero de 2014. La aseguradora Zurich, responsable de los avales de la obra, trata de mediar en el conflicto presentando una oferta por la que se pueden convertir fianzas de 600 millones de dólares (440 millones de euros) en préstamos.
  • 23 de enero de 2014. Las partes amplían el plazo de negociación hasta el 1 de febrero.
  • 28 de enero de 2014. La aseguradora Zurich rechaza el plan b de Panamá, que otra empresa o consorcio que no sea el GUPC acabe las obras de ampliación.
  • 5 de febrero de 2014. Las negociaciones entre el grupo de Sacyr y la ACP se rompen. Las autoridades panameñas acusan a GUPC de paralizar las obras.

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Sobre la firma

Miguel Jiménez
Corresponsal jefe de EL PAÍS en Estados Unidos. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactor jefe de Economía y Negocios, subdirector y director adjunto y en el diario económico Cinco Días, del que fue director.

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