La justicia anula 500 despidos decretados por el Gobierno de Cospedal en la Junta

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dado la razón a UGT y al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS) y ha anulado la decisión del Gobierno regional de María Dolores de Cospedal de suprimir 700 empleos públicos en las áreas sanitaria y del cuerpo general de la Administración en diversas consejerías. De ese total habían sido cubiertas con interinos unas 500 plazas, según cálculos sindicales, y el resto estaban vacantes. El fallo subraya que los trabajadores tendrán que volver a sus puestos “con el reconocimiento de todos los derechos profesionales y económicos”, lo que implica el abono de los salarios que han dejado de percibir desde el momento del cese, tras dos órdenes fechadas el 20 de agosto de 2012. Las centrales calculan que la readmisión podría costar entre 13 y 14 millones de euros.

La sentencia concluye que la Junta de Castilla-La Mancha violó “el derecho a la libertad sindical que consagra el artículo 28 de la Constitución”, porque para suprimir los puestos se convocó a la mesa sectorial una sola vez y a modo de trámite, sin que se produjese una negociación “real”. “El derecho de los sindicatos a la negociación no se satisface sin más con la celebración de reuniones sin contenido”, recalca el tribunal. Los sindicatos argumentaban que las órdenes que suprimían los puestos fueron publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha “escasamente una hora más tarde de que finalizase la mesa”.

Recurso de la Junta

El Gobierno de Cospedal, que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, aseguró este lunes en un comunicado que respeta la sentencia aunque no la comparte. “Esta decisión podría hacer inútiles todos los esfuerzos realizados por los ciudadanos, que han permitido estabilizar las finanzas y garantizar los servicios sociales, la educación y la sanidad a los castellano-manchegos”, dice la nota, que no menciona si readmitirá de forma inmediata a los despedidos. "Cabe recordar el clima de tensión en el que se desarrolló esta negociación, llegando a requerir la intervención de agentes de seguridad para garantizar la continuidad de la reunión, tras los capítulos violentos que se producían en el exterior", dice la Junta. Sin embargo no valora que la decisión del tribunal haya sido unánime al señalar la violación de un derecho constitucional por parte de la Administración ni tampoco que se apreciase que los acuerdos estaban adoptados "con anterioridad al inicio del proceso negociador". La sentencia condena además a la Junta a pagar las costas del proceso.

La presidenta, Dolores de Cospedal, ha anunciado que va a pedir al Tribunal Superior de Justicia "aclaraciones" a la sentencia tras admitir que no sabe cómo aplicar el fallo que declara "nulas de pleno derecho", las disposiciones recurridas. "No sabemos como hacerlo, si han de crear todos los puestos de trabajo suprimidos y con cargo a qué partida presupuestaria han de abonar los salarios que han dejado de percibir los afectados", ha afirmado en declaraciones a la cadena Cope.

Para la portavoz de UGT, Carmen Campoy, “la Junta se ha acostumbrado a no negociar nada”, en materia de función pública, saltándose el papel que la ley otorga a los sindicatos. Campoy calcula que se han perdido más de 8.000 empleos desde que Cospedal llegó a la presidencia.

Desde el PSOE, su secretario general Emiliano García-Page exigió este lunes a Cospedal que “pida perdón, ejecute la sentencia y cese al consejero de Presidencia que firmó la orden”. Un día después, la portavoz socialista de Empleo, Milagros Tolón, exigió a Cospedal que "no ponga excusas, porque los jueces ya han dicho muy clarito lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer es cumplir la sentencia por el bien de los trabajadores y por el bien económico de Castilla-La Mancha".