Los actores de la subasta advierten de que la intervención del Gobierno subirá la luz

Se llaman a sí mismos traders, es decir, intermediarios financieros. Y se reúnen cada tres meses para participar en una subasta llamada Cesur de cuyo resultado depende la mitad del recibo de la luz que pagan 18 millones de consumidores. El Gobierno anuló la última de estas subastas, celebrada el pasado 19 de diciembre, por concurrir “circunstancias atípicas”, que hubieran supuesto una subida de la factura en enero del 11%. Los participantes en la puja habían permanecido hasta ahora en silencio, pero han irrumpido en el debate con una dura advertencia hacia el Gobierno: si sigue interviniendo directamente los precios, la luz subirá aún más.

La Federación Europea de Traders de Energía (EFET), que agrupa a más de 100 de estos agentes, activos en 27 países, advirtió ayer al Ejecutivo que injerencias como la suspensión de la subasta eléctrica, además de dañar sus intereses, no hace sino elevar los riesgos regulatorios y, con ello, los precios finales. “La incertidumbre regulatoria, como el caso de la inesperada cancelación de la subasta, desincentiva la participación en el mercado y crea un riesgo regulatorio adicional que se incorpora a los precios y que soportan los consumidores finales”, afirmó en un comunicado.

Por eso emplaza al Gobierno, que actualmente trabaja en un mecanismo que sustituya al de la subasta trimestral para calcular la variación del recibo, a que se asegure que los nuevos procedimientos que se establezcan sean consistentes con los principios del Mercado Interior de la Energía, “eliminando cualquier duda sobre la validez de los precios que resulten del mercado mayorista y evitando la intervención directa sobre los precios”.

Estos traders entienden que el recibo que pagan los consumidores no debe estar sujeto a ninguna restricción, por lo que piden la eliminación gradual de los precios regulados, sin intervenciones políticas para fijar los precios, salvo en casos excepcionales como una situación de escasez de combustible o por riesgo de exclusión social y solo para consumidores finales residenciales. Pese a ello, las eléctricas han reclamado que les devuelvan el importe del bono social, una tarifa especial creada en 2009 para los consumidores más desamparados económicamente como jubilados con pensión mínima u hogares con todos sus miembros en paro, pues consideran que esa especie de subvención debe proceder de fondos públicos y no de sus cuentas.

En lugar de ese intervencionismo, eléctricas e intermediarios financieros proponen que se implanten mecanismos de concurrencia que permitan “la negociación de la energía de forma abierta, transparente y sostenible”.

La EFET es tanto un lobby eléctrico como financiero, porque aunque entre sus miembros estén las divisiones de intermediación de casi todas las compañías energéticas (como las españolas Endesa, Energya VM, GasNatural Fenosa e Iberdrola y las principales de toda Europa, como EDF, E.On, Enel, RWE, EDP, Total, BP, Shell o ENI) muchos de sus miembros son firmas financieras como Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi, Sociéte Générale Commerzbank, Merrill Lynch, BNP o Credit Suisse. Estas últimas son las más activas en las subastas Cesur, ya que representan alrededor del 50% de los ofertantes. No obstante, ni siquiera después del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se conoce la lista de las 36 firmas que participaron en la subasta anulada.

La EFET también pasa de puntillas sobre las conclusiones del informe de la CNMC que confirman un alza injustificada de los precios mayoristas en los días previos a la subasta, hasta marcar un máximo en la puja, el 19 de diciembre, para después desplomarse en los días sucesivos. Pero sí se pronuncia contra el método elegido por el Ministerio de Industria (a propuesta de la CNMC) para fijar la subida del 2,3% del recibo de enero (en lugar del 11%) sobre la base de las cotizaciones históricas del primer trimestre de 2014 en el mercado ibérico de futuros de electricidad que, según la EFET “dista mucho de los precios registrados”. Y se queja de que la anulación de la subasta “ha dañado a un conjunto de empresas que operan de forma habitual en el mercado y que aplican sus mejores prácticas de gestión de riesgo”.

Pese a este comunicado, el ministro de Industria, José Manuel Soria, quiere huir del clima de enfrentamiento inicial (que le llevó a calificar la subasta de “burda manipulación”) y busca una solución de consenso. El ministro reconoció que en los últimos días ha mantenido reuniones con los presidentes de las cinco grandes eléctricas y con los responsables de las entidades financieras que acudieron a la subasta, así como con representantes de asociaciones de consumidores. En esos encuentros, ha recabado su opinión sobre las mejoras y modificaciones a introducir para mejorar el procedimiento con el que se fijará el recibo de la luz a partir de abril.

El ministro ya no habla de “manipulación” amparándose en el informe de la CNMC y deja también en manos del regulador las posibles sanciones (que no existirán) sobre los responsables de la subasta.

En la misma línea conciliadora, Unesa ha dejado atrás sus amenazas de denuncias contra Industria por anular la subasta. Tras sacar pecho por el informe de la CNMC que no encontró culpables ni manipulación alguna, la patronal de las eléctricas reiteró ayer su plena disposición a colaborar con Industria en un rediseño del mecanismo de subastas, “con la esperanza de ser esta vez escuchada”.

De esas conversaciones y de la voluntad del Gobierno dependerá la subida (o bajada) del recibo de la luz en la revisión de abril.