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Cemex se enfrenta a una sanción tributaria de unos 450 millones de euros

La sociedad puede recurrir la multa ante el Tribunal Económico Administrativo La cementera registró pérdidas fiscales incluso en los años del auge inmobiliario

Jesús Sérvulo González
Planta de cemento de Cemex en Buñol (Valencia).
Planta de cemento de Cemex en Buñol (Valencia). CARLES FRANCESC

La multinacional cementera Cemex, cuya inspección ha provocado una crisis en la Agencia Tributaria, se enfrenta a una multa tributaria de unos 450 millones de euros. El fisco le abrió un expediente de sanción por simular supuestamente pérdidas contables para rebajar su factura tributaria, según relatan varias fuentes no oficiales de la Agencia Tributaria (AEAT). Como consecuencia de ello, la institución pública estatal habría dictaminado que la empresa, de capital mexicano y domiciliada en España, tiene que minorar sus créditos fiscales en unos 3.000 millones de euros, lo que habría provocado la sanción tributaria, según explican más de tres fuentes internas de la Agencia Tributaria, que admiten que la multa podría ser incluso mayor.

La empresa declinó este jueves ofrecer su versión sobre su situación tributaria. Pero aún puede recurrir al Tribunal Económico Administrativo Central para eludir el pago de la multimillonaria sanción. Incluso podría acudir a los tribunales contenciosos administrativos para tratar de esquivar la decisión de la Agencia Tributaria.

El fisco investigó la situación fiscal de la empresa entre 2006 y 2009

Las últimas cuentas anuales depositadas por la multinacional en el Registro Mercantil, correspondientes a 2012, revelan que la sociedad acumula unos créditos fiscales de 7.410 millones de euros derivados de operaciones entre empresas del grupo. Los altos gastos financieros, de 656 millones, originados en su mayoría entre filiales, apuntan a una planificación fiscal para reducir al mínimo la factura fiscal al menos hasta 2030. Muchas multinacionales utilizan una estructura societaria parecida para trasladar las pérdidas a la matriz y rebajar el pago al fisco.Tanto la Agencia Tributaria como el Ministerio de Hacienda rechazan comentar la situación concreta de un contribuyente alegando que lo impide la Ley.

Una inspectora de Hacienda de la oficina técnica de la dependencia de grandes contribuyentes de la Agencia Tributaria desestimó hace unas semanas un recurso de reposición presentado por la empresa contra la sanción. La inspectora adoptó la decisión en contra del criterio de la dirección, lo que provocó su destitución “fulminante”, según la versión de varios inspectores de Hacienda consultados por este diario. La inspectora rechazó el recurso porque la empresa había presentado las mismas alegaciones que ya fueron denegadas por otros inspectores de Hacienda cuando propusieron la sanción. Este cese ha provocado una grave crisis en la institución.

La cementera, con filiales por todo el mundo, acumula unos créditos fiscales por bases imponibles negativas en el impuesto de sociedades de 7.410 millones de euros, lo que le permite reducir su base imponible sujeta al impuesto al mínimo y escapar al pago de impuestos. El Gobierno limitó esta deducción el año pasado.

Hacienda evita hacer comentarios sobre casos concretos de contribuyentes

Solo en el año 2009, la cementera se anotó créditos fiscales por 3.729 millones de euros por las pérdidas de las participaciones en sociedades del grupo y por plusvalías exentas por la venta de sociedades del grupo, según se refleja en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. Precisamente el año 2009 es uno de los investigados por la Agencia Tributaria. Incluso en 2007, punto álgido del boom inmobiliario que impulsó al sector del cemento, la empresa facturó 12.560 millones de euros y también se anotó unos créditos fiscales por bases imponibles negativas de 1.103 millones de euros por lo que no tuvo que pagar a Hacienda.

Después de tres años de investigación, los inspectores consideran que unos 3.000 millones de los 7.400 millones de bases imponibles negativas son supuestamente simuladas y corresponden a operaciones entre empresas del grupo, según detallan varios inspectores. Esta planificación fiscal origina una sanción del 15% de la base imponible acreditada. Según este baremo, la multa impuesta a la empresa ascendería a unos 450 millones de euros.

El gigante cementero tiene abierta un acta de inspección desde el 7 de julio de 2011 en todos los impuestos que le son aplicables entre 2006 y 2009, según explica la propia empresa en sus cuentas anuales de 2012. La sociedad contabilizó una provisión de siete millones de euros al cierre del ejercicio pasado por la inspección en el IRPF y el IVA, en el que se incluyen los intereses de demora y las posibles sanciones.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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