El juez imputa a siete consejeros de CCM por agravar la situación de la caja
La Fiscalía sostiene que aprobaron "una serie de operaciones singulares" que contribuyeron a crear el agujero patrimonial de 267 millones que acabó arrastrando a la entidad Los miembros de la comisión ejecutiva afrontan un delito societario de administración desleal
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado este martes a siete miembros de la Comisión Ejecutiva de la desaparecida Caja Castilla La Mancha (CCM) que, según la Fiscalía, aprobaron "una serie de operaciones singulares" que habrían derivado en perjuicio patrimonial para la entidad. El Banco de España ha cifrado en uno de sus informes periciales el agujero patrimonial de la caja en 267 millones de euros.
En un auto notificado este martes, el magistrado cita a los imputados para tomarles declaración los próximos días 20 y 21 de noviembre, ofrece al actual Banco de Castilla La Mancha personarse como perjudicado y requiere a los peritos para que "confirmen, amplíen o, en su caso, modifiquen" las conclusiones alcanzadas en un informe fechado en septiembre de 2012.
En la causa, en la que se investigan una veintena de préstamos y operaciones crediticias presuntamente irregulares llevadas a cabo por la Caja, ya se encuentra imputado el expresidente de CCM Juan Pedro Hernández Moltó, por delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable.
Los imputados ahora son los vocales de la citada comisión Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato Alonso, Florencio Hernández Gutiérrez, José María Fresneda Fresneda, Emilio Sanz Sánchez y Carlos Jiménez Morante y el secretario de la misma, José Fernando Sánchez Bódalo. Según la Fiscalía, la aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva de la caja de las citadas "operaciones singulares" podría constituir un delito societario de administración desleal.
Decisiones colegiadas
El juez argumenta que todos ellos también participaron "en la toma de decisiones colegiadas sobre las distintas operaciones económicas analizadas que habrían derivado en el ulterior perjuicio patrimonial para la entidad por ellos administrada".
En un auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 el pasado mes de enero, el juez solicitaba información sobre los créditos que la entidad concedió en 2007 y 2008 a las sociedades Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Naropa-Fermoselle (Kopan Cartera), T-Solar Global y Renovalia, así como a las empresas del Grupo Lábaro Whitness Investment Group, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos. Todas ellas, según un informe elaborado por peritos del Banco de España, podrían ser "contrarias a la normativa bancaria y mercantil", por lo que su aprobación podría haber causado un "perjuicio" a la entidad financiera.
La investigación sobre las supuestas irregularidades en CCM se inició en 2010 a raíz de una querella presentada por el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo en representación del PP. La caja castellanomanchega fue la primera entidad española en ser intervenida después de que en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobara una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros y, posteriormente, se adjudicó en subasta a Cajastur, hoy integrada en el grupo Liberbank.
