Maduro intenta simplificar un sistema cambiario cada vez más embrollado

El Gobierno venezolano se ha volcado en la tarea de simplificar el conjunto de normas que rigen el control cambiario con una batería de medidas temporales que buscan combatir desabastecimiento y agilizar importaciones pero que enredan aún más la normativa.

Recientemente el vicepresidente, Jorge Arreaza, anunció varias medidas para flexibilizar el control cambiario vigente desde hace más de 10 años, como la disminución de los trámites administrativos para conseguir los dólares, que monopoliza y distribuye el Estado.

Las nuevas disposiciones, que buscan simplificar la entrega de divisas, se enmarcan en el Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, recién presentado por el presidente Nicolás Maduro, y han llegado con la vista puesta en las fiestas navideñas y las compras de fin de año que se vislumbran cuesta arriba en vista de una inflación que ya es del 32,9 %.

Bajo el sistema del control de cambios, empresarios y particulares acceden a las divisas a través del principal mecanismo de canje, la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

Por ese procedimiento se da un dólar a 6,30 bolívares con trabas de diversa índole, en cantidades limitadas y tras engorrosos trámites.

Pero ese valor es muy inferior al que se paga en el ilegal mercado paralelo donde el precio llega hasta nueve veces más, según dijo a Efe el economista y presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León.

Para el analista, las últimas medidas son positivas pues tratan de reducir la burocracia para facilitar a los importadores su actividad "lo que siempre puede ser positivo en una crisis de abastecimiento".

Sin embargo, para León esta flexibilización temporal "es lo mismo que echarle sal de trufas a una carne podrida" pues la enfermedad de la economía venezolana se debe a la negativa de devaluar de manera significativa para ajustar la moneda a un tipo de cambio "más real".

El Gobierno ha tratado de saciar la sed de divisas a precio oficial con otras herramientas como el Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) creado en marzo para ofertar moneda en subastas, pero que sólo ha abierto cuatro pujas en poco más de seis meses.

Para Francisco Martínez, vicepresidente de Fedecámaras, la principal patronal venezolana, el problema fundamental que genera desabastecimiento en el país es precisamente la ausencia de un sistema cambiario que permita a los empresarios obtener las divisas "de forma constante y fluida".

Martínez celebró las medidas temporales pero recordó, en declaraciones a Efe, que por lo general el empresariado se enfrenta "a una serie de trámites burocráticos que están deteniendo toda la planificación de la cadena productiva".

En ese sentido, aseguró que el Gobierno tiene identificadas estas trabas en virtud del diálogo abierto recientemente entre ambos.

"El tema fundamental es que para nosotros, la economía y el país no puede seguir con este tipo de medidas de emergencia", señaló, afirmando que el empresariado quiere mantener el diálogo con el Gobierno para lograr un consenso en torno a un modelo económico nuevo que genere empleo e impulse la productividad.

En el medio de toda esta situación, el economista y diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Jesús Farías, declaró recientemente que en el país se pondrá en marcha próximamente "un esquema cambiario adicional" que se manejará con un canje superior al oficial.

Explicó que con este sistema se podrá bajar la tasa de cambio del dólar paralelo "a un nivel muy inferior" y aseguró que el mercado negro ya no será el punto de referencia de la economía venezolana, una medida que permitirá al Gobierno hacer frente a la "guerra económica".

Precisamente en ese concepto de "guerra económica" insiste Maduro desde hace meses y acusa a la oposición de instigar la situación con el apoyo de Estados Unidos.

Según Maduro, eso explica el desabastecimiento de productos básicos y genera "una inflación incontrolada", discurso que ha mantenido incluso después de flexibilizar los controles.

En consonancia con esa postura, el Gobierno inauguró hace dos semanas el Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía Venezolana con el fin de "neutralizar todos los factores que sabotean la vida económica".

Además abrió la línea telefónica 0-800 SABOTAJE para que el "pueblo" denuncie a los saboteadores.