Nuevos riesgos para el sector inmobiliario

Cuando en nuestro país necesitamos un profesional (abogado, médico, administrador de fincas, arquitecto…) lo más frecuente es pedir consejo a las personas que nos rodean, quienes tienden a contarnos su experiencia y nos dan opinión respecto de aquellos profesionales con los que han tenido algún tipo de contacto cada vez que ha precisado de este tipo de servicios. Se piden los correspondientes presupuestos y cada cual toma su decisión con arreglo al criterio que estima conveniente.

¿Dónde está la “limitación a la competencia” que ejercen los Colegios Profesionales sobre el mercado y que sirve como argumento para la redacción de la Ley que pretende aprobar el Gobierno? ¿Cuál es el problema para no escuchar a los representantes de las profesiones liberales, que suponen casi el 10% de la riqueza nacional?

Los que ostentamos alguna representación de un Colegio Oficial nos sentimos señalados con el dedo y no sabemos por qué. Somos el centro de la diana de este Proyecto que va a enturbiar un mercado –el de los servicios profesionales- que funciona adecuadamente y cuya autorregulación no supone ningún coste para el Estado. El 30% de nuestros universitarios encuentra su salida laboral en las consultas, estudios o despachos de los profesionales españoles, que deberían sentirse escuchados y respaldados por el Gobierno.

"La norma va a afectar a más de 15.000 profesionales que han mantenido activo este sector "

Sin embargo, lejos de hacer esto, el Gobierno, impulsado por el Ministro De Guindos, se ha embarcado en la aprobación de un Proyecto que ataca frontalmente a línea de flotación de estas seculares instituciones sin sentarse a dialogar con sus representantes. Estoy convencido de que no se sientan porque saben que no existe ninguna justificación para la reforma en su orientación actual.

Sin lugar a dudas, es conveniente una regulación que refuerce a los Colegios: medidas para aumentar la trasparencia, las certificaciones profesionales, la colegiación única en todo el territorio nacional, un código deontológico común para todos los colegiados del país. Estas y otras propuestas pueden ser útiles y, dialogando sobre ellas, se puede y debe estudiar la mejor forma de implantarlas.

En el caso de la Administración de Fincas, la norma va a afectar a más de 15.000 profesionales que han logrado mantener activo este sector a pesar de la crisis. Los presupuestos que gestionan los Administradores de Fincas Colegiados ascienden a unos 35.000 millones de Euros que provienen del esfuerzo de sus clientes, o lo que es lo mismo: el 80% de los españoles. Esta actividad profesional es multidisciplinar: contabilidad, derecho (propiedad horizontal y arrendamientos), aspectos técnicos para un adecuado mantenimiento y conservación de los inmuebles…

"Sin los Colegios lo que ahora es gratuito tendrá un coste para el usuario y para el Estado"

Son profesionales que necesitan estar muy cualificados y permanentemente formados. Este Gobierno ha aprobado decenas de normas que deben implantar los Administradores de Fincas Colegiados: La Certificación Energética, La Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (que incluye una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal), la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, las medidas de fomento del mercado de rehabilitación…. ¿Quién va a administrar los edificios? ¿Quién dará a los profesionales la formación necesaria? La regulación adecuada es imprescindible.

Con arreglo al calendario previsto, antes de final de año la Ley entrará en vigor y los Colegios se adaptarán en el plazo de un año a su nueva regulación. ¿Qué hará un propietario que tenga un problema con quien administre su casa? ¿A quién podrá acudir? Si no existieran los Colegios solo le quedan los caros y saturados Tribunales de Justicia. Lo que ahora podemos resolver gratuitamente tendrá un coste para el usuario y para el Estado.

"Los que fueron  expulsados por actuaciones impropias de los Colegios  van a poder volver a ejercer"

Pero hay algo muy doloroso para los profesionales colegiados que también va a suceder: los expedientes sancionadores a profesionales son afortunadamente pocos, pero aquellos que como consecuencia de su actuación impropia han sido expulsados de los Colegios por sus propios compañeros van a quedar habilitados para volver a ejercer nuevamente la actividad. Todo un ‘logro’ de esta Ley.

Quiero aprovechar esta tribuna para llamar a la sensatez de nuestros dirigentes. Queremos hablar y escuchar. Aportar nuestros argumentos y escuchar los del Gobierno. Como consecuencia de los diferentes acontecimientos económicos, sociales, políticos y especialmente mediáticos, el Gobierno se ha encerrado en el caparazón que le aporta la mayoría que le sustenta, creyendo que esto le protege. Lo único útil que puede hacer para recuperar la confianza de la ciudadanía es ser más permeable, acercarse a la gente y escucharla. Nosotros no pedimos más. Seguro que el resto viene rodado.

Salvador Diez Lloris es Presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, sobre el APL de Colegios y Servicios Profesionales