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UE REGIONES

La CE limitará las ayudas públicas a grandes empresas en la mayoría de las regiones

El comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, da una rueda de prensa en Bruselas (Bélgica) hoy, miércoles 19 de junio de 2013.
El comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, da una rueda de prensa en Bruselas (Bélgica) hoy, miércoles 19 de junio de 2013.EFE

La Comisión Europea (CE) dará a partir del próximo año más margen a los Estados miembros para conceder pequeñas ayudas con las que impulsar la economía en sus regiones, pero limitará fuertemente los apoyos a las grandes empresas, según las nuevas directrices que aprobó hoy.

Los nuevos requisitos para los subsidios regionales a grandes compañías harán que las regiones de renta media y alta sólo puedan concederlos cuando permitan crear una nueva actividad económica, diversificar la producción o impulsar la innovación.

Mientras, las más pobres (aquellas cuyo PIB per cápita esté por debajo del 75 % de la media europea) podrán seguir ofreciendo subsidios a las empresas de gran tamaño como hasta ahora, un caso que en España solo beneficiará a Extremadura y Canarias.

Las excepciones también se aplican en regiones ultraperiféricas, como Canarias, o con baja densidad de población.

El objetivo de Bruselas con la reforma, según explicó la propia Comisión en un comunicado, es facilitar aquellos subsidios que realmente sirvan para impulsar el crecimiento y generar empleo y, a la vez, asegurar que no se malgasta dinero del contribuyente.

"En un contexto de limitaciones presupuestarias, las directrices revisadas fomentarán el crecimiento económico promoviendo inversiones en proyectos que ofrezcan un verdadero valor añadido para el desarrollo regional, especialmente en las regiones más desfavorecidas de Europa", señaló en la nota el vicepresidente de la CE y encargado de Competencia, Joaquín Almunia.

El nuevo marco, que entrará en vigor en julio de 2014, amplía el número de categorías exentas de notificación a Bruselas, con lo que se pretende facilitar a los Estados miembros la inversión de pequeñas ayudas.

Con esa medida, la CE busca además impulsar la absorción de fondos europeos, que en muchos casos cofinancian los proyectos, y centrarse en los casos más grandes, aquellos que pueden crear verdaderos problemas para la competencia.

Ese tipo de ayudas estarán sometidas a una vigilancia más estrecha que la actual, según avanzó Bruselas.

"Las grandes ayudas serán objeto de un análisis en profundidad sobre su efecto de incentivo, su proporcionalidad, su contribución al desarrollo regional y los efectos sobre la competencia", explicó el Ejecutivo comunitario.

Según la CE, esos subsidios sólo se autorizarán para aquellos proyectos que no se materializarían sin la ayuda, con el fin de garantizar que "el dinero público se gasta de la forma más eficiente".

Los criterios serán más estrictos con las inversiones de grandes empresas en regiones ricas, pues Bruselas considera que en muchos casos esas se producen por otros factores y las ayudas públicas suponen un desperdicio.

Así, las ayudas a grandes compañías sólo se permitirán si traen nueva actividad económica, si diversifican la producción o si suponen innovación.

Mientras, en el caso de las regiones más pobres (aquellas cuyo PIB por habitante está por debajo del 75 % de la media comunitaria) se seguirán autorizando más tipos de apoyo.

También se mantiene la posibilidad de que los Estados ofrezcan ayuda para la operación de empresas en regiones ultraperiféricas, como Canarias, o con baja densidad de población.

En conjunto, el porcentaje de regiones en las que se permitirá a los Estados miembros dar ayudas aumentará levemente, según explicó la Comisión, que señala que ese incremento responde a la situación creada por la crisis económica.

Actualmente, un 46,1 % de los europeos vive en áreas que son susceptibles de recibir subsidios regionales, un porcentaje que se elevará al 47,2 % a partir de julio del próximo año.

Además, la CE ha decidido reforzar las provisiones contra la deslocalización, prohibiendo cualquier ayuda que puedan llevar actividades económicas de una región europea a otra.

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