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Las comunidades rebajan el déficit público por primera vez en la crisis

Valencia, Murcia, Andalucía, Cataluña y Baleares incumplen el objetivo presupuestario Montoro rechaza nuevas medidas de ajuste en 2013

Jesús Sérvulo González

Primero, la novedad: las comunidades autónomas registraron un déficit del 1,73% del PIB en 2012, dos décimas más del objetivo previsto. Aun así es la primera vez en la crisis que han ajustado sus cuentas y se han acercado al tope fijado por Bruselas. El déficit regional fue del 1,7% en 2008; del 2% en 2009; el 3,2% en 2010 y el 3,31% en 2011.

Fuente: Ministerio de Hacienda.
Fuente: Ministerio de Hacienda.EL PAÍS

Después, lo conocido: el desfase entre gastos e ingresos del conjunto de las Administraciones públicas ascendió el año pasado al 6,74%, lo que representa un déficit de 70.822 millones de euros, según avanzó Mariano Rajoy la semana pasada en el debate sobre el estado de la nación. Aunque el Gobierno saca pecho, el compromiso con Bruselas era rebajar el déficit al 6,3%. Y eso sin contar las ayudas a la banca que elevaría el desfase hasta el 9,99%, casi 100.000 millones.

Y por último, la incertidumbre: la Seguridad Social registró una desviación presupuestaria del 0,96%, casi un punto del PIB. La continua destrucción de empleo, las rebajas salariales y el aumento de los jubilados hacen caer las cotizaciones y elevan el gasto en pensiones y prestaciones. El Ejecutivo se resiste, de momento, a acometer más reformas estructurales pese al consenso de que el déficit de la Seguridad Social crecerá en 2013.

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Al margen de las cifras sobre el cierre del presupuesto de 2012, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entró ayer de lleno en el debate que se extiende por toda Europa sobre la oportunidad de relajar, o no, las políticas de austeridad que han desembocado en un latido parsimonioso en el corazón del continente. En Francia, Italia, Portugal y en España arrecian las voces que claman contra la austeridad. Los principales economistas advierten de que los recortes que impone Berlín perjudican la recuperación económica y echan por tierra una y otra vez las previsiones económicas.

El ministro describió el año pasado como “una travesía muy difícil”. Y enfatizó: “No hemos navegado entre nieblas, sino entre tinieblas. Ha sido un año de recesión económica que no estaba en el pronóstico de nadie”. Lo más importante, dijo, era que el país ganara credibilidad después del importante deterioro de las finanzas públicas en 2011. “Para eso hemos hecho lo que hemos hecho en 2012”, remachó.

Lejanas parecen ya las dudas sobre la supervivencia del euro que provocaron ataques especulativos de los mercados (aunque las elecciones italianas reviven los viejos fantasmas). También parece lejana la gravedad de la crisis sobre el sistema financiero —aunque los resultados de Bankia presentado ayer nos recuerden las pesadillas—. O el caos en las cuentas autonómicas, desbocadas por la caída de ingresos y los gastos incontrolados.

En ese escenario, Montoro ha admitido que adoptó medidas que no le han gustado, como aquel que toma aceite de ricino. “Ya he dicho que la política tributaria que hemos aplicado a mí no me gusta. Ya he pedido disculpas y perdón”. Pero la austeridad sale cara y la economía retrocedió un 1,4% el año pasado cuando más de 800.000 personas perdieron su empleo. “No queremos hacer más políticas presupuestarias prorrecesivas en 2013. No vamos a tomar más medidas que agudicen la recesión”, ha insistido.

El Gobierno confía en que la Comisión Europea alivie el ritmo de consolidación fiscal (recortes de gastos y subidas de impuestos): que conceda uno o dos años más para conseguir equilibrar las cuentas públicas. Ese es el juego que puede permitir al Ejecutivo de Rajoy suavizar sus políticas y ganar margen para la recuperación económica. Ese juego, y las cifras de déficit, que venderá en Europa como un éxito a pesar de desviarse cuatro décimas sobre el objetivo. Pero Hacienda alardea de que ha rebajado el déficit estructural primario (excluido el ciclo económico y los intereses) en 3,5 puntos del PIB, lo que supone un “récord mundial”.

La cifra de déficit aún debe ser verificada por Eurostat, la oficina estadística europea. Aunque el ministro las da prácticamente por cerrada y aventura que no habrá un carrusel de cambios como el año pasado cuando el Ejecutivo presentó a principios de año una desviación del 8% y concluyó con un desfase del 9,44% después de varias correcciones.

Las comunidades autónomas han sido las grandes responsables de la mejoría en las cuentas públicas. Han rebajado el déficit en más de un punto y medio (1,58%). La mayoría ha logrado ceñirse al techo de déficit, en el 1,5%. Solo la Comunidad Valenciana (3,45%), Murcia (3,02%), Andalucía (2,02%), Cataluña (1,96%) y Baleares (1,83%) han suspendido el examen. Y eso que han contado con ayudas del Estado. El Gobierno alivió la liquidez regional con un plan de proveedores, el fondo de liquidez autonómica y el aplazamiento de los pagos de liquidaciones negativas del sistema de financiación de años anteriores.

En el lado contrario, entre las más aplicadas, se encuentran Extremadura con un déficit del 0,69%, Asturias (1,04%), La Rioja (1,04%) y Madrid (1,07%). “Ahora la disparidad de las comunidades autónomas es grande. Se ha abierto el abanico entre las que cumplen y las que no”, dijo el ministro, que avanzó que habrá que tener en cuenta esas diferencias en la aplicación de la Ley de Estabilidad, la norma que consagra el equilibrio en las cuentas y la reducción de la deuda. Hay que destacar, también, la fenomenal reducción del déficit de Castilla-La Mancha y Extremadura con una rebaja del desfase de seis y cuatro puntos, respectivamente.

Los Ayuntamientos y las diputaciones cerraron el año pasado casi en equilibrio presupuestario. Registraron una desviación del 0,2%, una décima menos de lo establecido. Cinco (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia) de los seis municipios con más población del país presentaron superávit en sus cuentas públicas.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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