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Las autonomías aceleran los recortes en 2013 por la caída de ingresos

Despedirán a más trabajadores y destinarán menos recursos a sanidad y educación

Jesús Sérvulo González
Manifestación contra los recortes en la sanidad madrileña.
Manifestación contra los recortes en la sanidad madrileña.ULY MARTÍN

Los servicios públicos de las comunidades autónomas serán menos y de peor calidad en 2013. Los Gobiernos regionales tienen menos dinero para prestarlos: Los ingresos corrientes —los que reciben por impuestos y transferencias del Estado— se reducirán un 6,1% de media, según el análisis al Proyecto de Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas para 2013 difundido por el Ministerio de Hacienda.

Las comunidades tienen, además, menos margen presupuestario. Deben de reducir el déficit público a la mitad (del 1,5% del PIB autorizado en 2012 al 0,7% este año). Al tiempo, necesitan financiar 48.020 millones de euros a lo largo del año, más del doble de lo dispuesto por el Gobierno —23.000 millones— en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para ayudar a los territorios que no pueden financiarse. Y eso, con los mercados entreabiertos [exigen duras condiciones financieras] porque no terminan de fiarse de las comunidades.

Suben sucesiones y donaciones, el impuesto sobre el patrimonio y tasas

Las estrecheces financieras, la reducción del margen del déficit fijado por el Ministerio de Hacienda y la caída de la recaudación obligan a las comunidades a afilar las tijeras en 2013. Durante los últimos años ya jibarizaron las inversiones al mínimo. Solo les queda meter el bisturí para amputar parte del gasto estructural (el de funcionamiento): se agravarán los recortes presupuestarios en sanidad (el gasto cae 6,8%), educación (-8,6%), servicios sociales (-13,3%) y en el sector público de las comunidades, según se desprende de las cuentas autonómicas recogidas por Hacienda. Ya está ocurriendo en estas primeras semanas del año. Se han cerrado urgencias en algunos pueblos, se ha elevado el control del gasto farmacéutico y se limita la sustitución de profesores en las escuelas.

“Los presupuestos de 2013 serán muy restrictivos”, sostienen los analistas de AFI César Cantalapiedra y Carmen López en un documento publicado el pasado jueves por Funcas (Fundación de cajas de Ahorro) sobre las líneas presupuestarias de las comunidades. El ministerio de Hacienda informó a principio de año que las comunidades reducirán sus gastos un 7,1% y anunció que todos los presupuestos presentados [a falta de las cuentas de Galicia, Cataluña y País Vasco por las elecciones a final de 2012] se ajustan al déficit previsto del 0,7% del PIB.

Caen los ingresos de transmisiones patrimoniales

“Una vez agotada la vía del recorte de la inversión para reducir el gasto, que tras tres ejercicios de caídas acumulas de doble dígito, tan solo representará para 2013 el 10,4% del total del gasto, las comunidades se enfrentan a un proceso en el que será necesaria la reducción de sus estructura funcional”, añaden los analistas de AFI.

El recorte de las comunidades autónomas en los últimos ejercicios afectaba, sobre todo, al capítulo de las inversiones —han caído cerca de un 50% en los últimos tres años—. Atrás quedaron los grandes proyectos faraónicos e incluso los planes para construir nuevos colegios y centros de salud quedaron congelados en el mejor de los casos. Pero tras años de raspar apenas queda margen para rebajar la partida de inversiones sin afectar a la conservación de las infraestructuras ya construidas. Y en el sexto año de la crisis aún siguen intactas las exigencias de ajustar las cuentas públicas.

Los gastos de personal se reducen más de un 6%

“Los presupuestos presentan importantes recortes en las transferencias corrientes y los gastos de personal, fundamentalmente basados en la reducción del sector público autonómico y en la amortización de puestos de la propia administración”, señalan Cantalapiedra y López en el informe de Funcas. Y añaden: “El ejercicio 2013 será muy restrictivo por la vía del gasto de las regiones con destrucciones de empleo público significativas y mayores a las de 2012”.

Los Ejecutivos autonómicos despedirán a parte de sus empleados públicos —personal interino y eventuales— para rebajar su factura en nóminas cerca de un 6%, con lo que se ahorrarán más de 2.200 millones, según los datos recopilados por Hacienda de 13 comunidades.

Buena parte de estos trabajadores procederán de las empresas públicas regionales. Uno de los grandes desafíos de las autonomías para este ejercicio es la supresión de las 477 entidades públicas (empresas, fundaciones y entidades) que se han comprometido con Hacienda a eliminar.

También habrá rebajas en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Madrid es la comunidad que más encogerá estas partidas. Y eso, que el gran recorte en Sanidad lo oculta en el capítulo de gastos de capital (por la privatización de la gestión en seis hospitales). Murcia (-12,8%), Aragón (-12,9%) y Andalucía (10,8%) son los otros territorios que más rebajaran el dinero para sanidad. Estas autonomías junto a Asturias (-8,7%) son también las que más reducen los recursos en Educación.

Respecto a los ingresos, casi todas los aumentos de impuestos que realizarán las autonomías en 2013 —sobre todo suben las tasas y el impuesto sobre sucesiones y donaciones— quedarán enjugadas por el descenso en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) cuya recaudación disminuirá este año hasta los 5.088 millones (sin contar con Galicia, País Vasco y Cataluña), un 12,3% de media menos que el año pasado. Los Gobiernos regionales ingresarán por este impuesto un tercio menos que al inicio de la crisis (10.044 millones en 2008). Este tributo es el más identificable con la actividad de las comunidades. Por eso, este descenso refleja la imagen del encogimiento que están sufriendo las estructuras regionales. Para compensarlo, las autonomías exprimen los ingresos por el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Esperan recaudar 1.958 millones de euros, un 23,3% más que en 2012. Los Ejecutivos regionales también han creado nuevas tasas y subido las que ya tienen en vigor para buscar recursos. Ingresarán un 12,9% más por las tasas y precios públicos que el año pasado, lo que supone unos 400 millones adicionales.

“Ante un escenario de ingresos en clara disminución, pese a los esfuerzos por aumentar la recaudación, y con la vía del recorte en inversión prácticamente agotada, el cumplimiento del exigente objetivo de déficit para 2013 pasa necesariamente por la reducción de su gasto corriente”, concluye Funcas.

Hacienda olvida las facturas pendientes

Las comunidades autónomas acumulan más de 10.000 millones de euros de deuda con proveedores.

El último dato disponible, de octubre de 2012, elevaba la cuantía de las facturas pendiente de pago de estas administraciones a 13.730 millones de euros. Hacienda ofreció la cifra en el Informe sobre ejecución presupuestaria mensual de las comunidades autónomas hasta octubre. Pero en el siguiente informe de noviembre, el último publicado hace dos semanas, evitó incluir la cifra total de deuda pendiente de pago a proveedores. Sí incluyó, sin embargo, la variación de esa deuda en los 11 primeros meses del año, 9.627 millones menos que en el mismo periodo del año anterior. Buena parte de esta reducción de las facturas pendientes se debe al plan de pago a proveedores que puso en marcha el Gobierno a principios del año pasado, por un importe de 17.704 millones.

Como Hacienda ya no ofrece los datos de la deuda comercial de las autonomías hay que recurrir a los datos que ofrecen las principales organizaciones sectoriales (Farmaindustria, Fenin y ATA) que elevan la deuda pendiente de pago de las autonomías a 11.529 millones y eso sin incluir a los grandes promotores de infraestructuras.

Algunas comunidades reclaman al Gobierno un nuevo plan de proveedores para poder liquidar las facturas pendientes. Muchas de ellas corresponden al exceso de déficit de años anteriores que no han podido financiar porque Hacienda lo impide.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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