El Gobierno luso asegura que la recesión está dentro de los límites previstos
El primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, restó importancia hoy a la caída de la economía lusa de los últimos dos años y aseguró que este retroceso está dentro de los límites previstos cuando se solicitó el rescate financiero.
En un acto de su partido, el Social Demócrata (PSD) celebrado en el archipiélago luso de las Azores, Passos rechazó una vez más cualquier tipo de comparación entre Portugal y Grecia, y recordó que el país heleno acumula un descenso del PIB de casi el 25 % en un lustro, en contraste con el 4,6 % que bajó la economía lusa entre 2011 y 2012.
"No es verdad que la dimensión de la recesión sea mayor de la esperada (...) Ya lo sabíamos cuando pedimos ayuda financiera externa porque éramos conscientes de que íbamos a tener que aplicar medidas de austeridad con efectos recesivos", subrayó.
El primer ministro portugués recalcó que su gobierno está decidido a implementar "cambios profundos y reformas duraderas", que permitan garantizar la sostenibilidad del Estado.
Passos señaló que esta estrategia se enmarca dentro de la necesidad de empezar a pensar más allá de junio de 2014, cuando Portugal dejará de estar bajo la asistencia financiera de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
"Es importante decirle a todos los portugueses que si queremos inspirar confianza a los inversores tenemos que hablar de futuro (...) Es lo que quieren ver nuestros socios comunitarios y también las agencias de calificación de riesgo", consideró.
Passos Coelho repitió una vez más que Portugal cumplirá con el memorando de entendimiento acordado con la troika a cambio de su rescate, e insistió en que el país "no necesitará de más dinero".
La actualidad política en Portugal está centrada en el debate abierto por el Gobierno conservador luso sobre cómo debe el país reformar el Estado para ahorrar en 2014 más de 4.000 millones de euros y asegurar así unas cuentas públicas saneadas.
A instancias del propio Ejecutivo, el FMI elaboró un informe divulgado esta semana en la que recomienda al país recrudecer las medidas de austeridad a través de la reducción de la plantilla de funcionarios, despedir profesores y subir el precio de la sanidad pública, entre otras propuestas.
La reacción al documento no se hizo esperar y durante toda la semana tanto los partidos de la oposición como sindicatos y diferentes organizaciones sociales se han declarado abiertamente en contra del dictamen del FMI.
