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Pulso entre Madrid y Bruselas por la revalorización de las pensiones

El Gobierno aplaza hasta noviembre la decisión sobre la actualización de las pensiones con el IPC

Claudi Pérez

El Gobierno no solo debe despejar la incógnita del rescate: sobre la mesa, y en pleno periodo electoral en Galicia y País Vasco, está también una controvertida revalorización de pensiones, que puede influir en las urnas, pero también en las relaciones con Bruselas. El déficit español debería cerrar el año en el 6,3% del PIB (eso sin contar el dinero que se inyecta en los bancos, que no se tendrá en cuenta para ese objetivo). Bruselas vaticina que en este momento es improbable que España alcance esa meta: la recesión golpea con fuerza, exige más gasto en algunos capítulos (subsidios de desempleo y pensiones), los ingresos públicos caen y eso no deja margen para actualizar las pensiones, según fuentes europeas, que auguran un déficit muy por encima del 7%.

La tesis del Gobierno español es distinta. Madrid no garantiza que vaya a revisar las pensiones en lugar de la inflación, entre otras cosas porque hasta finales de noviembre no se conocerá el alza de precios. El Ejecutivo considera que las medidas aprobadas en junio (recorte de una paga extra a los funcionarios, aumento del IVA y menores deducciones en el impuesto de sociedades) acercan muchísimo a España a la meta. Al final, según fuentes del Gobierno, la revalorización de las pensiones dependerá de que la inflación de noviembre no obligue a un enorme esfuerzo a unas arcas públicas muy fatigadas: Madrid prefiere mantener la incertidumbre al respecto. Al menos hasta después de las elecciones.

En septiembre, el IPC se fue hasta el 3,5%: si sigue en ese nivel, costaría en torno a 5.000 millones mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Los analistas consideran que la inflación cerrará el año en torno al 3%.

Fuentes de Bruselas aseguran a este diario que en caso de rescate, las exigencias para 2013 y 2014 están meridianamente claras: aunque haya serias dudas sobre la credibilidad del presupuesto (hasta el Banco de España cuestiona la previsión de caía del PIB del 0,5% para 2013), el memorando de entendimiento exigiría a España aprobar dolorosas medidas adicionales en caso de incumplimiento del déficit. El problema fundamental radica en 2012. España mantiene que está cerca de cumplir, y que además el avance de la recesión en Europa y las presiones del FMI (que lleva meses defendiendo que la recesión se agrava porque toda Europa recorta al mismo tiempo) llevarán a Bruselas a ser más laxa con los objetivos fiscales en medio continente. Fuentes de la Comisión expresan serias dudas en el caso particular español: Bruselas ya fue flexible hace solo unos meses, al dar un año más a España para cumplir sus metas. Puede haber un año adicional, o algo de margen con la forma de cálculo del déficit (gana fuerza la posibilidad de usar el déficit estructural para evitar el castigo que inflige el ciclo económico), pero lo más probable es que, aun así, España incumpla sus objetivos, y eso impide dar a los pensionistas una paga extra, como sucedía en los años de vacas gordas. “Las cuentas no salen”, explica una fuente comunitaria. El Ministerio de Economía lleva semanas defendiendo lo contrario. Con las elecciones gallegas y vascas a dos semanas vista, el pulso está servido.

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Sobre la firma

Claudi Pérez
Director adjunto de EL PAÍS. Excorresponsal político y económico, exredactor jefe de política nacional, excorresponsal en Bruselas durante toda la crisis del euro y anteriormente especialista en asuntos económicos internacionales. Premio Salvador de Madariaga. Madrid, y antes Bruselas, y aún antes Barcelona.

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