Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Banco de España acusó en marzo a Bankia de ocultar su morosidad

Un informe de la inspección de dos meses antes del cese de Rato señalaba que se evitaba aflorar la mora real a través de refinanciaciones a dos y tres años

El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, en 2010.
El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, en 2010. CLAUDIO ÁLVAREZ

El 7 de mayo de 2012 dimite Rodrigo Rato como presidente de Bankia. Su cese provoca una ola de interpretaciones. El Banco de España tiene todas las claves. Pero no las difunde entonces, sino ahora forzado por la investigación judicial por presunta estafa que desarrolla la Audiencia Nacional. Un informe interno de trabajo de la inspección del Banco de España de marzo de 2012, dos meses antes de tal cese, proclamaba que BFA, la matriz de Bankia, era inviable y acusaba al banco de “no reflejar contablemente la morosidad real de su cartera crediticia”.

Esto ocurría también dos meses antes de que las cuentas fueran reformuladas y los consejeros culparan al auditor de no alertarles del desfase patrimonial. Pero el Banco de España, a tenor de tal informe realizado sobre “estados contables no formulados”, sí conocía ya la existencia de graves desequilibrios en Bankia.

Su diagnóstico del enfermo terminal es claro: “El perfil de riesgo del grupo BFA [matriz de Bankia] lo calificamos de alto por sus problemas de rentabilidad, liquidez y solvencia y porque su gobierno corporativo es mejorable. Entidad con riesgo supervisor alto, receptora de ayudas públicas por 4.465 millones ”.

La práctica de ocultar morosidad a través de refinanciaciones ha sido bastante generalizada entre las entidades financieras

“El principal problema de Bankia es que su generación recurrente de resultados es claramente inferior a sus necesidades de saneamientos de activos. Esto ocurría antes del Real Decreto Ley 2/2012 [para el saneamiento bancario] y se ha agravado después. (...) Las desviaciones respecto a las previsiones contenidas en el plan de integración son muy relevantes”. “Fortísimas”, se dice.

“La mayor amenaza”, proseguía el informe, “hasta diciembre de 2011 era la liquidez, debido a su inadecuada estructura financiera. Este problema se ha diferido —no solucionado— gracias a las dos recientes subastas a tres años del BCE y a la renovación del programa de avaladas por el Estado, dos decisiones exógenas a la entidad. Las emisiones avaladas por el Estado y la financiación dispuesta en el BCE suman en el grupo BFA más de 60.000 millones, casi el 20% del balance”.

Los inspectores veían ya que no había posible mejoría. “Respecto a la solvencia tanto BFA como Bankia parten de una situación muy ajustada para cumplir las mayores exigencias regulatorias a las que van a tener que hacer frente en 2012. Grupo BFA, tras los fuertes saneamientos con cargo a reservas de diciembre de 2011, declara un capital principal de 8,2%, que es solo ligeramente superior al 8% exigido, pese a que incluyen elementos cuestionables y a que no se deducen determinados ajustes considerados por la inspección. En estas condiciones hay dudas de que BFA y sus integrantes vayan a poder cumplir con los requisitos regulatorios de EBA (autoridad bancaria europea) y del real decreto”. Pero el tono adquiría tintes más sombríos cuando analizaba el mar de fondo que se ocultaba bajo las cifras globales. “La morosidad contable de BFA es del 9% y la morosidad corregida con adjudicados, subestándar y pases a fallidos es del 23%. La morosidad publicada del Grupo Bankia es del 7,5% y el ratio de cobertura de dudosos es del 45%. Estamos constatando que la entidad no está reflejando contablemente la morosidad real de su cartera crediticia, en particular la del sector promotor que tiene 20.000 millones contabilizados como riesgo normal: en gran parte se trata de sucesivas refinanciaciones en las que se está concediendo carencia total de 24 y 36 meses, gracias a lo cual estas operaciones siguen devengando intereses y no han formado parte del ajuste duro del Real Decreto Ley 2/2012 (...). Hay un volumen significativo de operaciones refinanciadas que no han sido marcadas como tales en los sistemas informáticos”.

El informe no cuantifica esa mora oculta, más allá de decir que afecta “en gran parte” al crédito promotor. Pese a los problemas detectados por la inspección, el Banco de España aprobó el plan de recapitalización de la entidad en abril, exigiendo medidas adicionales, pero sin reflejar preocupación alguna por una medición deficiente de la morosidad, según fuentes cercanas al anterior equipo directivo, que señalan que nunca el supervisor, que es quien tiene que admitir la calificación de los créditos, les señaló que viese en ello una debilidad estructural ni un elemento especialmente preocupante en Bankia. La práctica de evitar morosidad con refinanciaciones artificiales ha sido bastante generalizada en el sector, hasta el punto de que el FMI advirtió sobre ella en su informe sobre España.

La inspección cuestionaba también el modo en que el grupo estaba haciendo frente a las provisiones exigidas, pues se hicieron saneamientos por importe de 3.932 millones con cargos a reservas y créditos fiscales “en vez de hacerlo contra resultados”. “Este ajuste en reservas tiene difícil encaje en la norma”, añadía.

Por todo ello, concluyen: “Inviabilidad de BFA. La matriz del grupo tiene una estructura con una importante proporción de activos poco rentables y pasivos a coste alto, por lo que genera pérdidas recurrentes (-656 millones en 2011). El patrimonio neto contable de BFA a 31 de diciembre de 2011 es de 3.500 millones, si bien hay que considerar que: a) tiene activada su participación en Bankia por 12.000 millones, importe muy superior al 52% de los fondos propios de Bankia (8.300 millones) y al precio que cotiza actualmente en el mercado bursátil (2.800 millones), y b) mantiene activos fiscales por más de 2.500 millones de incierta recuperabilidad”.

Más información