Estupor en Sudáfrica tras la imputación de 270 mineros por la masacre de Marikana
"He pedido al director general de la Fiscalía, Nomgcobo Jiba, que me presente un informe que justifique la decisión" de formular cargos por asesinato contra los mineros, afirmó hoy el ministro de Justicia sudafricano, Joseph Radebe, en un comunicado.
"Sin duda, la decisión de la Fiscalía ha llevado al país a un estado de shock, pánico y confusión", añadió Radebe, que recordó al Ministerio Fiscal la responsabilidad última de sus actuaciones.
La Fiscalía presentó ayer cargos contra 270 mineros detenidos por los disturbios del pasado día 16 que desembocaron en la masacre de 34 colegas por disparos de la Policía en la mina de platino de la empresa Lonmin en Marikana, a 100 kilómetros de Johannesburgo.
En una carta remitida al Gobierno sudafricano, los abogados de los 270 detenidos reclamaron hoy la intervención del presidente sudafricano, Jacob Zuma, y la puesta en libertad inmediata de los acusados.
"Si Zuma no actúa, iremos a los juzgados para obtener una orden urgente que le obligue a ello", afirmaron los abogados de los mineros, que dieron de plazo hasta las 12.00 GMT del próximo domingo para que el jefe del Estado interceda en el asunto.
El Consejo para el Desarrollo Constitucional de Sudáfrica (CASAC), organización que vela por el cumplimiento de la Constitución, criticó hoy la decisión de acusar a los mineros y reclamó a Zuma que destituya al director general de la Fiscalía.
"Es claramente una conducta errónea por parte de la Fiscalía, y es necesario que se depuren responsabilidades", declaró a la emisora sudafricana Talk Radio el secretario ejecutivo del CASAC, Lawson Naidoo.
La Confederación Sudafricana de Sindicatos (COSATU) mostró también en un comunicado su estupor ante la acusación formulada contra los mineros.
Los cargos se fundamentan en la llamada doctrina de "propósito común", basada en una ley usada por el "apartheid" -régimen de segregación racial impuesto por la minoría blanca hasta 1994- contra los negros que luchaban por la democracia y la igualdad en el país.
Esta ley establece que quienes contribuyan a episodios violentos contra la Policía pueden ser responsabilizados de los daños y pérdidas de vidas resultantes de estos actos.
Un total de 259 mineros fueron arrestados después de que la Policía abriera fuego el pasado 16 de agosto contra un grupo de huelguistas, que iban armados con machetes, palos, y armas de fuego.
Otros 11 mineros que resultaron heridos durante el episodio fueron arrestados en el hospital.
Los mineros se encuentran en huelga para reclamar mejoras salariales desde el 10 de agosto en la mina de platino de Lonmin.
Un total de 44 personas han perdido la vida desde el inicio de las protestas en la mina de Lonmin, entre ellos dos policías y dos guardias de seguridad, y seis mineros en los primeros compases de la huelga, antes de la matanza del 16 de agosto.
Nadie ha sido acusado, hasta el momento, de la muerte de estas diez personas, según confirmó a Efe la Fiscalía sudafricana.
