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El G-20 urge el intercambio de datos tributarios con los paraísos fiscales

Los países enfatizan la necesidad de prevenir “la planificación agresiva” para no pagar impuestos

Alejandro Bolaños
El presidente francés, François Hollande, en la segunda jornada de la cumbre del G20 en Los Cabos (México).
El presidente francés, François Hollande, en la segunda jornada de la cumbre del G20 en Los Cabos (México). OSWALDO RIVAS (REUTERS)

“El fin de la era del secreto bancario”, como proclamó el expresidente francés Nicolas Sarkozy en la cumbre de Londres, en 2009, ha quedado como ejemplo de una de esas frases redondas que lega las reuniones del G-20. Y que luego los hechos relativizan. Porque, aunque los países ricos y emergentes presionaron para que los paraísos fiscales fueran más transparentes, estos sortearon el envite con la firma de convenios bilaterales —en más de un caso, entre ellos—, cuya eficacia luego no se supervisa. En la cumbre de Los Cabos (México), que se clausuró el martes, hubo avances menos aireados, pero de cierta importancia.

Los países del G-20 firmaron el año pasado una convención para facilitar el intercambio automático de información tributaria entre ellos. Según refleja el comunicado final de la cumbre de Los Cabos, ahora abogan “con firmeza” porque “todas las jurisdicciones” —lo que incluye a los paraísos fiscales— firmen este convenio. Y encargan a la OCDE que evalúe la “eficacia de los intercambios de información” tributaria en la práctica.

También en el ámbito fiscal, los representantes de los países ricos y emergentes enfatizaron la necesidad de prevenir “la erosión de las bases impositivas” y “la planificación agresiva” de las empresas para evitar pagar impuestos. El G-20 asegura que seguirá “con atención” el trabajo de la OCDE en esta área.

El club de los países industrializados impulsa programas piloto en varios países para identificar estas prácticas agresivas en multinacionales, que aprovechan el privilegiado tratamiento tributario que se da en cada país a instrumentos societarios cuya motivación inicial es facilitar la captación de inversiones. Muchas multinacionales, como es el caso de Google o Exxon, mueven el dinero entre estos instrumentos societarios en distintos países para rebajar el pago de impuestos al mínimo, en un circuito que casi siempre incluye a jurisdicciones opacas.

Los países del G-20 firmaron el año pasado una convención para facilitar el intercambio automático de información tributaria entre ellos

En esas experiencias piloto, la OCDE refiere que se han conseguido notables incrementos de la recaudación (3.500 millones en EE UU, 1.500 millones en Italia) al poner límite a esas prácticas fiscales. “Estas iniciativas no acaban con el secretismo de los paraísos fiscales, pero, junto a otras, como la decisión de EE UU de identificar a los titulares de cuentas bancarias, suponen avances en la buena dirección”, señaló Susana Ruiz, de Oxfam.

La tasa a las transacciones financieras ha sido otra de esas iniciativas que han generado un debate encendido en las cumbres del G-20. La propuesta, defendida por ONG y académicos como una manera de limitar las operaciones más especulativas, al tiempo que proporciona una vía de recaudar dinero para afrontar retos globales como la pobreza o el cambio climático, se abrió paso en el comunicado de la anterior cita de líderes mundiales en Cannes (Francia) a finales del año pasado. En Los Cabos no ha habido referencias en el texto, pero sí un anuncio relevante. Tras la cumbre, el presidente francés, François Hollande, aseguró que la tasa a las transacciones financieras “entrará en vigor” a lo largo de 2013.

Tras tres años de debates, Francia y Alemania lograron que el G-20 reconociera a finales de 2011 que la tasa de transacciones financieras podía ser una vía útil para desalentar prácticas especulativas y para proveer de recursos a políticas de desarrollo, siempre relegadas en los presupuestos estatales. Para sortear la oposición frontal de Reino Unido o EE UU, se dejó a la voluntad de cada país la adopción de esta medida.

Como tampoco hay consenso en la UE, un grupo de países europeos, entre los que también está España, debaten en los últimos meses la activación de un proceso de cooperación reforzada que permitiría poner en marcha el impuesto en los países que así lo decidan, siempre que se sumen al menos nueve países. Hollande dio por hecho el martes que ese quórum se ha alcanzado. Y que el proceso se pondrá en marcha pronto, tal y como también había sugerido este lunes el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso.

“Estando Alemania y Francia de acuerdo, lo podemos poner en marcha rápidamente con el apoyo de otros países”, aseguró Hollande.

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