Rajoy acepta inyectar dinero público a la banca tras el fracaso de su reforma

“Mi última intención sería inyectar o prestar dinero público [a la banca] pero si es necesario lo haré igual que lo han hecho otros Gobiernos”. “No soy partidario del banco malo”. En el lenguaje rajoniano, las declaraciones del presidente del Gobierno en Onda Cero pocas horas antes de que Rodrigo Rato renunciase al timón de Bankia, se traducen en otra ronda de “medidas importantes” para el sector financiero. Y estas medidas muy probablemente incluirán la creación de una sociedad que engulla los activos problemáticos del ladrillo que tiene la banca (no es una entidad financiera, pero la jerga del sector suele referirse a este tipo de firmas como banco malo). Además el Gobierno y el Banco de España trabajan en un saneamiento para Bankia mediante un préstamo público multimillonario mediante bonos convertibles en acciones (el mundillo financiero los llama cocos) que cuentan como capital y que, en principio, estaban previstos para entidades en proceso de fusión.

El Gabinete de Mariano Rajoy había rechazado la idea del banco malo o las ayudas públicas en la reforma financiera, pero cada día tiene su afán. El Ejecutivo advierte además que los recursos utilizados contarán como deuda pública, pero no como déficit, y el Gobierno ganará con la operación porque los cocos de la discordia se suelen pagar a un interés de mercado de al menos el 8%.

Los cambios, que previsiblemente saldrán adelante en el Consejo de Ministros del viernes, dan forma a la segunda normativa financiera del Gobierno en solo tres meses. La primera ha supuesto un estrepitoso fracaso, al menos en la batalla de ganarse la confianza de los inversores, que deben prestar dinero a España y a sus empresas. El día que se aprobó, el 3 de febrero, el riesgo país de España —el sobreprecio que pagan los bonos del Estado a 10 años en el mercado frente a los fiables alemanes— se situaba en 305 puntos básicos (tres puntos porcentuales) y ahora vive instalada por encima de los 400. Desde entonces, los bancos han perdido en Bolsa (el Santander un 20%, BBVA un 24%, Caixabank un 34% y la propia Bankia el 32%). Y la nota de solvencia del sector ha bajado.

El plan que presentó el ministro de Economía, Luis de Guindos, recogía provisiones adicionales de 50.000 millones teóricos para sanear la cartera de activos inmobiliarios tóxicos (el Banco de España calcula que el sector acumula 184.000 millones en estos activos), pero parte de este montante ya se había provisionado bajo otros epígrafes. También creó los cocos y reforzó el fondo de rescate bancario (FROB) creado por el Gobierno de Zapatero de los 9.000 a los 15.000 millones, entre otras medidas.

“No renunciaré a inyectar dinero público si es necesario”

Pero los bancos de inversión veían necesarias unas provisiones en el sector financiero español muy superiores a las citadas por Guindos: de 50.000 a 100.000 millones más. El Banco de España bendijo los planes que presentaron las entidades españolas para cumplir con las exigencias del decreto de febrero, incluidas las de Bankia, aunque advirtió de que en algunos casos el saneamiento estaba previsto “de manera más ajustada”. En estos casos, el órgano pilotado por Miguel Fernández Ordóñez aseguraba que “además de intensificar la vigilancia del cumplimiento de los planes”, había “exigido medidas adicionales”.

Bankia, que acumula 31.799 de los 184.000 millones en activos tóxicos de toda la banca española, intranquilizaba a los mercados, a Bruselas y al Fondo Monetario Internacional (FMI). En un informe de hace semana y media, sin mencionarla, el FMI pedía a la entidad medidas “rápidas y decisivas” para sanearse y veía difícil que el proceso de reestructuración de todo el sector pudiese salir adelante sin recursos públicos. “Si fuera necesario para salvar el sistema financiero español, no renunciaría a inyectar dinero público”, insistió Rajoy, y remarcó que solo lo haría “en una situación límite”.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, rechazó la posibilidad de que se ponga “un euro” público a fondo perdido. “Ningún pensionista entendería que le cobren por sus medicinas y a continuación hubiera dinero público para pagar a un banco”, recalcó. Y pidió que el Gobierno lance un mensaje de calma porque “los ahorradores no corren ningún peligro". Tomás Gómez, el líder socialista de Madrid, fue más allá y proclamó: “Ha llegado el momento de nacionalizar las cajas de ahorro y de hacer una banca pública fuerte”.

Rubalcaba pide que el Gobierno tranquilice a los clientes de Bankia

La transformación bancaria, desde el inicio de la crisis, ha movilizado 115.000 millones del Estado, de los que más de la mitad son avales, 19.300 a compra de activos, 14.346 a ayudas directas del FROB y 400 millones a las pérdidas que se asumieron de Cajasur. El número de cajas de ahorros ha pasado de 45 a nueve (descontando a Catalunyacaixa y Novacaixagalicia, en subasta).

La reforma de febrero buscaba también acelerar las fusiones para desatascar el crédito y reanimar la economía. En este periodo solo han cristalizado, como operaciones nuevas, favorecidas por el decreto, la absorción de Banca Cívica por parte de Caixabank y la de Caja 3 por Ibercaja y el Gobierno está aún empujando a Liberbank, BMN, Unicaja e Ibercaja a una unión urgente.

La primera reforma, del PSOE, creó el FROB e inyectó capital a la banca pero solo produjo una ronda de fusiones de cajas de ahorros insuficientes la segunda aumentó las exigencias de capital y provocó más alianzas. En febrero llegó la tercera reforma y ahora va la cuarta, o la segunda fase de la tercera. El crédito sigue sin llegar a hogares y empresas.