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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Recursos naturales y recursos humanos

Escándalos de corrupción y problemas económicos contextualizan la expropiación de YPF

La nacionalización por el Gobierno argentino del 51% de las acciones de Repsol en YPF no ha sido una sorpresa. La presidenta Cristina Fernández llevaba tiempo maniobrando para recuperar el control de la empresa y ha elegido el momento adecuado en función de factores políticos, demoscópicos, económicos y energéticos que han aumentado los beneficios que el Gobierno argentino cree que obtendrá con la nacionalización.

La presidenta se enfrenta a problemas internos derivados de escándalos de corrupción que han salpicado incluso al vicepresidente Amado Boudou, y de una coyuntura económica crecientemente adversa. De ahí que incidiera en dos campañas cargadas de significado nacionalista: recuperar las Malvinas y devolver YPF al pueblo argentino. Además, esta estrategia venía apoyada por encuestas, ya que la mayoría de la población respalda ambas medidas.

La expropiación hará difícil conseguir las inversiones para explotar el yacimiento de Vaca Muerta

En una coyuntura internacional marcada por los altos precios de la energía y otras materias primas (por la elevada demanda de Asia emergente), e incluso contando con que la economía china se está desacelerando, resulta tentador renacionalizar recursos naturales. A esto se suma el descubrimiento por Repsol-YPF de un gran yacimiento de gas de pizarra —la tercera reserva mundial de este hidrocarburo no convencional—, solo por detrás de EE UU y China. Aun así, para explotar Vaca Muerta y sacarle partido hay que realizar grandes inversiones y disponer de una tecnología sumamente sofisticada.

En el frente externo, Argentina ha aprovechado la crisis económica que golpea a España, la división política de la Unión Europea y la esperanza de que posiblemente Washington no reaccionase con excesiva energía. Todo ello hizo que la presidenta considerara que no habría una reacción contundente, multilateral y coordinada por parte del debilitado eje transatlántico.

La expropiación de YPF no sorprende, porque es un paso más en una larga lista de decisiones crecientemente proteccionistas e intervencionistas del Gobierno argentino. Primero, la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y de los planes de pensiones privados; después, la modificación de los estatutos del Banco Central para flexibilizar el uso de sus reservas, el aumento de las barreras no arancelarias para bloquear el comercio y, finalmente, la expropiación de YPF, la empresa que más impuestos paga y una de las que más invierte y más empleo y tecnología crea en Argentina.

Esto ocurre en un contexto de elevada inflación (cercana al 30%, según estimaciones privadas, que la colocan como la más elevada de América Latina, aunque para el Gobierno no alcanza el 10%), reducción drástica del crecimiento (que pasará del 8,9% en 2011 a menos del 4% en 2011) y crecientes salidas de capital. Solo los vientos de cola favorables (la demanda china de cereales) permitían sostener el modelo, pero, en lugar de aprovechar los altos precios de la soja para ahorrar (como Chile) o para invertir (como Brasil), el Gobierno argentino considera, ilusoriamente, que está ante una situación permanente, y gasta los ingresos en consumo corriente. La mala estructura de incentivos para la inversión llevó en los últimos años a importar carne y petróleo, algo bastante paradójico en Argentina, un país rico en recursos naturales.

Es un paso más en una larga lista de decisiones crecientemente proteccionistas e intervencionistas del Gobierno argentino

En muchos países emergentes exitosos encontramos un creciente intervencionismo gubernamental en la economía que sustenta lo que se conoce como capitalismo de Estado. Sin embargo, en Argentina, estas intervenciones llevan a un capitalismo de amigos, destinado a incrementar el poder de los círculos cercanos al Gobierno (y a incrementar subsidios que generalizan el clientelismo) y no a fraguar un proyecto de país que haga posible el crecimiento a largo plazo. Por ello, y en contra de lo que sostiene la presidenta Fernández de que “están cambiando la historia”, la expropiación de YPF no resolverá los problemas energéticos del país y hará difícil que se consigan las inversiones necesarias para explotar el yacimiento de Vaca Muerta. Ni que decir tiene que la decisión incluso ahuyentará a posibles inversores extranjeros en otros sectores.

Pese a lo esperado de la noticia, en España cayó como un jarro de agua fría. Según el Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE), más del 80% de la población española considera grave la expropiación de YPF, y el 44% cree que empeorarán las relaciones bilaterales. Sin embargo, pese al sentir mayoritario, las opciones que España tiene a su favor para incidir de forma decisiva en el conflicto son muy limitadas (la vía diplomática parece agotada, los tribunales internacionales tardarán tiempo en pronunciarse y no pueden obligar a nada a Argentina, y España, en solitario, puede tomar pocas represalias). De ahí el enorme riesgo de sobrerreaccionar frente a las provocaciones, como las afirmaciones del viceministro de Economía argentino y sus chistes sobre los elefantes.

En definitiva, es importante evitar una escalada de tensión que pueda romper las excelentes relaciones que siempre ha habido entre los dos países, especialmente entre sus sociedades civiles, que poco o nada tienen que ver con el conflicto. Pese a las afirmaciones de la presidenta Fernández, no solo cuentan los recursos naturales; los recursos humanos son mucho más decisivos.

Carlos Malamud es investigador de América Latina del Real Instituto Elcano y catedrático de historia de la UNED.

Federico Steinberg es investigador de Economía Internacional del Real Instituto Elcano y profesor de economía de la UAM.

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