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La reforma del Impuesto de Sociedades eleva la recaudación en 5.350 millones

Hacienda limita las deducciones de gastos financieros, elimina la libertad de amortización y anticipa el pago fraccionado para grandes empresas

J. S. GONZÁLEZ
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
El ministro de Hacienda, Cristóbal MontoroJJGuillen (EFE)

“En absoluto se trata de la mayor subida de impuestos de la democracia. Ni de broma”, dijo este viernes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Quizá tenga razón, no es la mayor subida de tipos impositivos, pero si es el mayor aumento de la recaudación de la historia reciente derivada de medidas fiscales y excluidos los efectos de la actividad económica. Las reforma tributaria que el Gobierno acompaña al proyecto de Presupuestos para 2012 pretenden rascar 12.314 millones para aliviar los menoscabados ingresos públicos que se desploman en caída libre.

El Gobierno pretende incrementar este año los ingresos a base de modificar algunos impuestos 12.314 millones de euros.

- Los cambios en el Impuesto de Sociedades aportarán 5.350 millones de euros.

- El "gravamen especial" para el capital no declarado que aflore, aportará otros 2.500 millones de euros.

- Los cambios en el impuesto especial del tabaco el Gobierno calcula que supondrán 150 millones de euros.

- Las nuevas tasas jurisdiccionales, 214 millones de euros más.

- Y por último, la ya anunciada modificación del IRPF, (que el Gobierno insiste es una "subida temporal") 4.100 millones más.

El Gobierno añade a la subida del IRPF, que calificó eufemísticamente como “recargo solidario temporal”, aprobada en diciembre, una reforma en la estructura del Impuesto de Sociedades. También abre la vía de una amnistía fiscal por la que pretende aflorar 25.000 millones de euros que escapaban al control de Hacienda, y con los que pretende recaudar 2.500 millones adicionales.

El rapapolvo de Bruselas a España por incumplir el objetivo de déficit el año pasado y el correctivo que propinó al Gobierno reduciendo el objetivo para este año en medio punto ha obligado al Gobierno a acelerar la reforma del Impuesto de Sociedades que tenía prevista para más adelante.

La recaudación del impuesto que grava los beneficios empresariales se ha desplomado un 64% por la crisis, desde los 44.800 millones recaudados en 2007, hasta los 16.600 el año pasado. El complejo sistema de bonificaciones y deducciones sobre el impuesto provocaron un agujero en las arcas públicas. Por eso, Hacienda trata ahora de tapar las vías de agua por donde se escapa la recaudación. El conjunto de medidas sobre este impuesto permitirá al fisco ingresar 5.350 millones más, según Hacienda.

Cambia el impuesto especial sobre el tabaco para elevar los ingresos

La principal novedad está en el establecimiento de un pago fraccionado mínimo para grandes empresas. Las empresas deberán pagar un 8% del resultado de su cuenta de pérdidas y ganancias. Si el 85% de los ingresos de proceden de rentas exentas o dividendos con derecho a deducción por doble imposición, el tipo se reduce al 4%. La medida es de carácter temporal y estará vigente hasta 2013. La idea es anticipar 2.500 millones por los impuestos que pagan las empresas. Por eso, el próximo pago fraccionado, que deben pagar las compañías antes del 20 de abril, ya aplicará un tipo del 4% sobre la totalidad del beneficio contable.

Otra de las medidas fiscales recoge las reclamaciones de las organizaciones de Inspectores de Hacienda y expertos fiscales. Consiste en limitar la deducción de los gastos financieros, con lo que el Estado pretende recaudar 1.050 millones de euros adicionales. El Gobierno acota la deducción para los gastos financieros que superen el 30% del resultado empresarial (Ebitda). Como mínimo se permitirá una reducción de las bases imponibles de un millón de euros. No obstante, Hacienda prevé que los gastos que no puedan ser deducibles en el ejercicio por superar el máximo del 30% podrán trasladarse sus efectos fiscales a ejercicios siguientes con un máximo de 18 años.

Se reforma el sistema de tasas que afecta a la Justicia

Hacienda acaba con la libertad de amortización para las grandes empresas, lo que supondrá un ingreso adicional de 840 millones, según los cálculos del Gobierno. Una medida que había impulsado el anterior Gobierno socialista en 2010 al eliminar los límites. Se había convertido en una de las principales vías usada por las empresas para postergar el pago de impuestos. En realidad funcionaba como un crédito fiscal sin coste alguno para las empresas que podían reducir su base imponible a su antojo por las amortizaciones. Ahora se suprime esta deducción para los grandes grupos y se mantiene para las pymes pero vinculado a la creación de empleo.

También se reduce del 5% al 1% el límite máximo anual deducible correspondiente al fondo de comercio tanto en adquisiciones de sociedades como en reestructuraciones empresariales. La nueva norma de medidas tributarias limita las deducciones al reducir el límite general desde el 35% al 25%, incluida la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. La deducción por I+D se reduce del 60% al 50%. En cambio, se flexibiliza la venta de participaciones en entidades no residentes para fomentar la internacionalización empresarial.

El plan fiscal del Gobierno también afecta a uno de los Impuestos Especiales, aunque el Ejecutivo había insistido en que no los tocaría. Se trata del tributo sobre las labores del Tabaco. En realidad no se suben los tipos, sino que se modifica la estructura del impuesto: se reduce en dos puntos el tipo que depende del precio de venta, y se elevan el tipo vinculado al número de unidades. Con esta iniciativa ingresará 150 millones más. Por último, el Gobierno acomete una reforma de las tasas que afectan a la Justicia, sobre todo para segunda instancia, con el fin de reducir los recursos sobre decisiones judiciales. Esta medida supondrá un ingreso extra de 214 millones.

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Sobre la firma

J. S. GONZÁLEZ
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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