Perder tiempo
En vez de acelerar la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año para reducir incertidumbres, el Gobierno ha mantenido la fecha prevista de finales de este mes. No ha cambiado de opinión ni ante el agravamiento de la coyuntura (profundidad de la recesión), ni ante los datos del déficit que se le iban apareciendo, ni ante la negrura de las expectativas, ni ante la antipatía e irritación que su actitud ha generado en las instituciones europeas a las que con una mano se les suplicaba flexibilidad y con la otra se le negaban los datos que pedían. Hay escasas dudas de que en este caso han primado los intereses partidistas (celebrar las elecciones andaluzas y asturianas antes de anunciar nuevos sacrificios a la población) sobre los intereses generales.
Sea cual sea el objetivo de déficit público que determine finalmente Bruselas para la economía española, no hay duda de que supondrá la enésima tanda de ajustes en medio de una economía recesiva. Las incógnitas sobre la misma son la mixtura que habrá de hacerse entre incremento de ingresos (subida de impuestos) y reducción del gasto público, y a qué figuras y partidas de los PGE afectarán.
A partir de ese momento, el Gobierno solo dispondrá de tres trimestres para hacer el ajuste adicional, ya que el primero de 2012 ya se habrá consumido. Habrá de concentrar el esfuerzo en menos tiempo, por lo que será más doloroso. Y ello solo para cubrir el objetivo de este ejercicio, ya que tendrá la obligación de continuar con la consolidación fiscal al menos durante todo 2013. Los tiempos, que ahora pueden haber jugado a favor de los intereses electorales andaluces y asturianos del PP, tendrán el signo contrario más adelante.
Los plazos siempre tienen su coste en economía. Ello también se verá, por ejemplo, en relación con las subastas de dinero que el Banco Central Europeo (BCE) ha ofrecido a centenares de entidades financieras europeas, entre ellas todas las españolas. En las dos tandas habidas hasta ahora —en diciembre y la semana pasada—, los bancos españoles han obtenido más de 200.000 millones de euros, que tendrán distintas funciones: cubrir los vencimientos de las obligaciones a corto plazo (entre ellas, las que tenían con el propio BCE de anteriores subastas a un plazo muy corto), mejorar su margen de negocio al obtener préstamos al 1% y comprar con ellos deuda soberana al 3% o al 4% y, en última instancia, favorecer la llegada del crédito a unas empresas y familias angustiadas por la falta de circulante.
La cuestión es qué ocurrirá dentro de tres años, cuando hayan de pagar lo ahora obtenido. Se supone que para entonces las cañerías del crédito se habrán normalizado, los bancos se prestarán unos a otros y las dificultades serán menores. ¿Y si no es así? Por ejemplo, las próximas elecciones generales se celebrarían sin que el saneamiento financiero hubiese acabado. Pero como dijo Keynes, a largo plazo, todos muertos.
