Méndez y Toxo piden a Rajoy abrir un proceso de negociación sobre la reforma

Los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han remitido una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le solicitan la apertura de una negociación con vistas a modificar la reforma laboral durante su trámite parlamentario. Para armarse de argumentos a favor del inicio de este proceso de diálogo dirigido a corregir los "errores" de la norma, ambos líderes sindicales recuerdan la “importante movilización” del pasado domingo.

Méndez y Toxo insisten en la misiva en que algunos de las medidas incluidas en el decreto ley aprobado por el Ejecutivo son “especialmente lesivas para los trabajadores y las trabajadoras”, así como para los parados, en contra de lo que defiende el líder del Ejecutivo, que asegura que mejorará su situación al mismo tiempo que desde su gabinete admiten que no servirá para crear empleo a corto plazo.

En su opinión, la reforma también “entra en contradicción directa” con el acuerdo para la moderación salarial suscrito con la patronal apenas 15 días antes, “lo que cuestiona el marco del diálogo social”, denuncian. Es por ello, continúan, que quieren "transmitir la necesidad de modificar el camino iniciado" al tiempo que resaltan que la reforma, a la que también tachan de "desequilibrada", se aprobó sin diálogo previo con los agentes sociales.

Sobre las palabras de ayer de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien defendió que el Gobierno está abierto a la negociación pero a propuestas concretas, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha señalado que el diálogo no se puede realizar a través de los medios. De hecho, ha recordado que los últimos encuentros entre este departamento y los sindicatos han sido "meras reuniones técnicas" en las que el Gobierno trata de justificar sus medidas.

Ferrer también se ha referido a las declaraciones del presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, José Luis Feito, que ayer afirmó que se debería retirar el subsidio por desempleo a los parados que rechacen una oferta de trabajo, y las ha calificado de "socialmente repugnantes".

Ferrer ha insistido en que el decreto ley aprobado por el Gobierno contiene ciertos puntos que podrían ser inconstitucionales, como el propio procedimiento, ya que no está justificado utilizar el trámite de urgencia con las medidas que se plantean, "sobre todo cuando el propio Gobierno ha insistido en que la reforma no va a tener un efecto inmediato sobre la creación de empleo". También, en su opinión, podrían resultar inconstitucionales el laudo obligatorio, que "vulnera el principio de autonomía colectiva y libertad sindical", y el periodo de prueba de un año para la contratación en empresas de menos de 50 trabajadores.