El Gobierno limitará la prórroga indefinida de los convenios

Al Partido Popular no le gustó la última reforma de la negociación colectiva que hizo el PSOE y se apresta a cambiarla en la reforma laboral que prepara para el viernes. Entre los cambios que prepara está limitar la prórroga automática de convenios, explican varias fuentes conocedoras del texto que prepara el Ministerio de Empleo. Hay muchos más cambios significativos: primacía de los convenios de empresa, cambios en la regulación de los contratos a tiempo parcial y reordenación de las bonificaciones para impulsar la contratación de jóvenes.

La reforma de los convenios que hizo el anterior Gobierno fijaba plazos (entre ocho meses y dos años) para negociar la renovación de convenios. Si se consumía el tiempo sin acuerdo, fijó un periodo transitorio en que sindicatos y empresarios tenían que acudir a una mediación o un arbitraje obligatorio que resolviera la situación hasta que los agentes sociales desarrollaran este punto de forma bilateral. CCOO, UGT y CEOE llegaron a un pacto el pasado enero —firmado el pasado martes— por el que la mediación es obligatoria, pero el arbitraje tiene que ser aceptado por las partes (o previamente en el convenio o cuando surge el conflicto). Así que si no hay acuerdo, ni árbitro que lo resuelva, el convenio no renovado se prorroga sine die.

Esto precisamente es lo que no gusta al Partido Popular (ni a Bruselas, ni al BCE, ni a la mayoría de organismos liberales), de ahí que el Ejecutivo busque fórmulas para acabar con esa prórroga automática (ultraactividad, según el término legal). Una de las vías en estudio sería fijar una especie de tribunal de arbitraje que residiría en la Comisión Nacional de Convenios Colectivos, integrada por patronal, sindicatos y patronal, que resolvería el conflicto. No obstante, esta solución puede generar dudas sobre su constitucionalidad. Esto no deja de ser un arbitraje impuesto, algo que va contra la autonomía de trabajadores y empresarios en la negociación colectiva, consagrada en la Constitución.

Siguiendo las pautas de Bruselas, del BCE y del propio programa del Partido Popular, el Ejecutivo también dará prioridad a los pactos alcanzados en las empresas frente a los convenios sectoriales o territoriales. Esto supone saltar por encima de lo acordado en el pacto de moderación salarial firmado hace dos semanas por sindicatos y empresarios y elogiado por Rajoy, Báñez y Guindos en diferentes foros. Precisamente ayer cundía el enfado en las sedes de UGT, CCOO y CEOE porque el Ejecutivo todavía no les ha dado información sobre la reforma laboral ni les ha convocado.

También inspirado en Bruselas está el impulso a los contratos a tiempo parcial indefinidos, apuntas las mismas fuentes. La vía que parece abrirse paso es la de flexibilizar al máximo las horas de este tipo de contratos (las que exceden la jornada firmada) dando más poder al empresario a la hora de decidir sobre estas, con lo que se atendería a una de las demandas históricas de CEOE para el trabajo a tiempo parcial.

Pero si hay un tema que polariza la reforma laboral es el abaratamiento del despido. La intención de Empleo es acabar con los contratos ordinarios que fijan una indemnización en caso de despido improcedente de 45 días por año trabajado para dejarlos en 33 (la compensación que existe ahora para los contratos de fomento de la contratación indefinida), fijando alguna excepción. El Ejecutivo también pretende reducir el número de contratos temporales.