Blanco pide a los controladores que cambien a sus representantes porque "no tienen autoridad"

Continúa el pulso entre los controladores aéreos y el Gobierno. Hoy le ha tocado al ministro de Fomento, José Blanco, terciar en la polémica. Desde Ourense, Blanco ha asegurado que al Ejecutivo se le está "acabando la paciencia" en el conflicto que enfrenta a los supervisores del tráfico aéreo con el gestor aeroportuario, AENA. "Estamos dispuestos a hablar de las condiciones laborales, pero no de hacer nada que vulnere la ley", ha asegurado porque es un proceso "que se está extendiendo demasiado en el tiempo".

El titula de Fomento se expresaba así tras participar en la tradicional Fiesta del Pulpo en el municipio de O Carballiño, en cuyo libro de honor ha firmado. Blanco ha instado a los controladores aéreos a que sienten en la mesa a representantes autorizados para llevar a cabo las negociaciones tras el fracaso habido hasta ahora. Por ello ha reprochado al comité ejecutivo de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) que las personas que hay actualmente en la mesa de negociación "no tienen autoridad suficiente".

Ante la indecisión de los controladores, que no decidirán hasta el jueves si convocan o no a un paro -lo que retrasa la protesta al menos hasta el 22 de agosto- el ministro les ha pedido que "digan si van o no a la huelga" y les ha acusado de plantear siempre lo mismo: "trabajar menos y cobrar más", algo que según él no es posible. La protesta, si finalmente se produce, provocará "un grave daño a la economía y al turismo" y no se puede "tener a toda la sociedad en vilo".

La USCA, por su parte, está esperando a que sea el Ministerio de Fomento el que cambie su posición y acepte continuar la negociación, ya que sus representantes "fueron los que la rompieron", según ha afirmado en declaraciones a EFE su portavoz, Daniel Zamit. El Gobierno y los controladores se están pasando en los últimos días la pelota de un tejado a otro hasta quedar en vía muerta la negociación.

El salario y la jornada laboral son los dos grandes escollos que impiden un acuerdo. UCSA pide una reducción progresiva de la jornada y AENA critica que el colectivo quiera mantener una retribución media de 200.000 euros al año con menos horas de trabajo. De hecho el organismo estaría dispuesto a garantizar ese sueldo como promedio si se mantuviera la jornada.