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El Código de Consumo de Cataluña impone la gratuidad de los teléfonos de atención a clientes

En casos de servicios básicos, como transportes, comunicaciones o sanitarios, también será obligatorio disponer del teléfono y tener oficina física en territorio catalán

El Gobierno catalán aprobó hoy el Código de Consumo de Cataluña, que amplia y mejora la protección de los consumidores, y entre sus novedades incorpora la exigencia a las empresas de disponer de un teléfono de atención a usuarios totalmente gratuito y, en casos de servicios básicos, como transprtes, comunicaciones o sanitarios, también será obligatorio disponer del teléfono y tener oficina física en Cataluña.

La nueva ley, que ahora iniciará la tramitación parlamentaria, persigue ampliar y actualizar los derechos de consumidores de productos y servicios. El código prevé mecanismos para resolver los conflictos de consumidores con empresas y contempla que se deberán garantizar las cantidades que se cobren de forma anticipada, tanto en la venta de productos como en la prestación de servicios. De esta forma, si una determinada empresa cierra, las personas podrán recuperar las cantidades pagadas a cuenta por productos no entregados.

Por una información clara

Con la nueva ley, la Generalitat también persigue ampliar el derecho a tener una información clara y precisa, especialmente en los servicios básicos. Antes de contratar cualquier servicio, el cliente deberá tener toda la información sobre las compensaciones, reembolsos o indemnizaciones. En servicios continuados, como suministros o telefonía, la empresa no podrá dejar de prestar el servicio por impago de alguna factura o recibo si ésta ha sido objeto de una reclamación.

Tampoco podrán interrumpir los suministros básicos o inscribir a usuarios en un fichero de impagos, a menos que haya más de dos facturas sin pagar o se haya notificado de forma fehaciente el impago con una antelación mínima de 10 días. Asimismo, el Código de Consumo de Cataluña define, por primera vez en un texto legal, el concepto "consumo responsable" y determina las relaciones de consumo que deberán ajustarse a criterios de racionalidad y sostenibilidad.

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