Turbulencia por el control de los aeropuertos

Determinantes en áreas estratégicas, pero sólo para realizar propuestas. El nuevo modelo aeroportuario que el Gobierno ha planteado a las comunidades autónomas, y que aún debe afrontar un proceso de negociación, mantiene en lo sustancial el marco aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2008. Las autonomías participarán en las nuevas sociedades que gestionen los aeropuertos "singulares" con un máximo del 49% del capital (la mayoría, ese 51%, siempre en manos de la sociedad estatal). Y las mayorías cualificadas que se requieren para ciertas sacar adelante materias estratégicas -que es la fórmula con la que que el Ejecutivo espera colmar ese papel "determinante" que se reclama desde Cataluña- son sólo para realizar propuestas, pero no para aprobar medidas ejecutivas, según las fuentes consultadas.

El ministro José Blanco espera un acuerdo básico antes de diciembre

AENA acumulará una deuda de 12.000 millones de euros en 2010

Esto significa que el Gobierno central no podrá imponer su criterio en las propuestas de plan director, presupuestos y tarifas que realice la sociedad de cada aeropuerto. Pero también que lo acordado por mayoría cualificada en la sociedad gestora de cada aeropuerto requerirá luego ser aprobado por la nueva AENA central -la sociedad pública gestora de los aeródromos-, el Gobierno o las Cortes.

El sistema propuesto no ha gustado en Cataluña, que ha hecho de la gestión de El Prat, el aeropuerto de Barcelona, su caballo de batalla en los últimos años. La Generalitat ha dicho que de momento no traga. Y Esquerra Republicana considera el proyecto muy descafeinado, y que la tan traída y llevada posición determinante prometida por el Ejecutivo a las autonomías es meramente "virtual".

El motivo que esgrime es que en este planteamiento, a las sociedades de cada aeropuerto sí les corresponderá la gestión del mismo, de su personal y de la actividad comercial y promocional, pero sin capacidad para decidir sus planes directores, presupuestos ni tasas y tarifas. Sobre estas materias, sólo tendrían capacidad "propositiva", y es respecto a ellas en las que se requieren mayorías cualificadas. Por ejemplo, con las tasas, "mientras estén fijadas por la Cortes Generales la gestión comercial será más que cuestionable", se queja el diputado republicano Joan Ridao. Además, advierte de que eventuales divergencias en la toma de decisiones pueden llevar, o bien a que la AENA estatal decida de forma unilatera, o a que algunas decisiones queden bloqueadas.

El Ejecutivo pretende alcanzar un consenso básico antes de diciembre, cuando el ministro de Fomento, José Blanco, se ha comprometido a presentarlo. El documento enviado por el ministerio a los gobiernos autonómicos es breve y muy esquemático, según fuentes conocedoras del proyecto, y recoge los aspectos fundamentales del diseño: la actual AENA se desgaja en dos partes, por un lado la navegación aérea (las torres de control) y por otro los aeropuertos, que denomina Sociedad Mercantil Estatal Aeropuertos. Podrá haber sociedades de gestión de aeródromos individuales (por ejemplo, Sociedad Mercantil Estatal Aeropuerto de Barcelona-El Prat), pero se cambia el criterio para decidir cuáles pueden optar a ello y en vez del número de pasajeros anuales se establece el de autonomía económica y financiera.

Se mantiene la posibilidad de que entre hasta un 30% de capital privado en la nueva sociedad estatal de aeropuertos, lo que en el sector se interpreta como un obstáculo para que entren gestores de infraestructuras como Abertis o Ferrovial y una apuesta por un socio financiero o una eventual salida a Bolsa, que en todo caso no se produciría antes de 2011. Para Esquerra Republicana, se abre la puerta a una "privatización total".

La valoración de la futura sociedad de aeropuertos es de momento una incógnita y ninguna de las fuentes consultadas aventura una cifra. En todo caso, la entrada de ese capital serviría para reducir la enorme deuda de AENA, 12.000 millones en 2010, derivada de las enormes inversiones realizadas en los últimos años (no recibe dinero de los Presupuestos Generales del Estado). Por un solo aeropuerto en Londres (el de Gatwick) Ferrovial recibirá unos 1.600 millones de euros.

El Gobierno considera que la gestión de AENA no está en cuestión y que la entrada de capital privado responde más que nada a una filosofía de introducir criterios de mayor eficiencia económica, al tiempo que la participación de las administraciones autonómica o local apunta a la idea de que las competencias de promoción del turismo les corresponden. Al Gobierno catalán no le gusta el modelo planteado, pero el Ejecutivo central considera que la postura de la Generalitat es "posibilista", en expresión de un alto cargo, y confían en que haya acuerdo.