Gas Natural e Iberdrola recusan a la juez y retrasan el juicio por la OPA de Endesa
Alegan la amistad entre el marido de la magistrada y el responsable jurídico de la eléctrica
Gas Natural presentó ayer un escrito de recusación contra la juez Miriam Iglesias, titular del Juzgado Mercantil número 3 de Madrid, al considerar que sus actuaciones en torno a la OPA de la gasista sobre Endesa ponen en duda su independencia e imparcialidad. Iberdrola se sumó a la recusación. Endesa denunció en su día ante la juez Iglesias a ambas compañías por el acuerdo de venta de activos de Endesa que firmaron en 2005 y logró que se paralizara la OPA. La vista oral por el supuesto "pacto colusorio" entre Iberdrola y Gas Natural ha quedado suspendida.
La pugna judicial que se libra a varias bandas (de Barcelona a Nueva York, pasando por Madrid) y que afecta a empresas energéticas y de la construcción (Gas Natural, Iberdrola, Endesa, E.ON, Acciona) sumó ayer otro capítulo. Gas Natural presentó un escrito de recusación contra la juez Miriam Iglesias, que en su día, y a instancias de Endesa, paralizó la OPA de la compañía gasista sobre la eléctrica. Endesa tuvo que depositar como garantía para afrontar posibles reclamaciones 1.000 millones de euros.
A la recusación de Gas Natural se sumó Iberdrola. Los argumentos de la compañía que preside Salvador Gabarró para rechazar a la juez son, fundamentalmente dos. El primero, que de sus actuaciones (como el reciente rechazo de testigos propuestos por Gas Natural e Iberdrola) se desprende una diferencia de trato a las partes que pone en duda su imparcialidad.
El marido de la juez
El segundo argumento de rechazo contra la juez es que está casada con un profesional del Derecho (Francisco Prada, inspector de Finanzas en excedencia y abogado del Estado) que mantiene una estrecha y antigua relación de amistad con el actual responsable jurídico de Endesa, Borja Acha.
Según la información que manejan los denunciantes, la relación profesional de Acha y Prada comenzó en el año 1991 y cuajó en amistad. La magnífica relación entre ambos se tradujo en que cuando Francisco Prada fue nombrado por el Gobierno del PP, presidente de la Agencia Industrial del Estado (AIE), Borja Acha fue elegido por Prada para un cargo de confianza como era el de secretario del consejo de administración. A partir de 1998, ambos trabajaron para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Prada fue vicepresidente de la sociedad) y participaron en la privatización de empresas estatales, incluida la propia Endesa.
De toda esa relación entre el marido de la juez y el abogado de Endesa, a la que fuentes de Endesa restan trascendencia, Gas Natural extrae la conclusión de que la juez Iglesias podría tener ideas preconcebidas respecto al caso que enfrenta a Endesa con Gas Natural e Iberdrola.
Fuentes de la eléctrica que preside Manuel Pizarro destacaron la gravedad que en su opinión supone jugar "con la honorabilidad" de una juez a partir de las relaciones profesionales de un familiar. Muy al contrario, desde Gas Natural se destacó el "profundo respeto" de la compañía al sistema judicial español, lo que no impide que haya recusado a la titular del Juzgado Mercantil número 3 haciendo uso del derecho a un juez imparcial e independiente que marca la ley y "en defensa de su integridad y sus derechos, así como los de sus accionistas".
Iberdrola se limitó a señalar que se había sumado a la recusación contra la juez a la vista de los argumentos esgrimidos por Gas Natural, sin olvidar las circunstancias personales [de la juez] que considera "graves". La primera consecuencia de la recusación es que la juez decidió ayer suspender temporalmente la celebración de la vista oral que iba a tener lugar desde hoy y hasta el jueves para determinar si Gas Natural e Iberdrola vulneraron la ley al pactar la posible compra de activos de Endesa (por valor de entre 7.000 y 9.000 millones) si triunfaba la OPA de Gas Natural sobre la eléctrica.
El proceso lógico ahora, según las fuentes consultadas es que la juez traslade a Endesa la comunicación de su recusación y le pida opinión para elevar después el asunto a la Audiencia Provincial de Madrid. Ésta podría tardar entre dos y tres meses en decidir si la recusación tiene base o no.
