El ministro de Trabajo y los dirigentes sindicales apuestan por el diálogo para mejorar el empleo
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, coincidieron ayer en subrayar la "importancia del diálogo social como impulsor de acuerdos para mejorar el mercado de trabajo y las relaciones laborales". Esa conclusión es el resultado de los encuentros sucesivos que mantuvo el ministro socialista con los sindicalistas.
Caldera se desplazó a las sedes de UGT y CC OO acompañado del secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado; el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez; la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, y el jefe de gabinete, Julio Pérez, por parte del ministerio, y sus interlocutores fueron una amplia representación de las direcciones de las dos centrales.
Estos primeros contactos del nuevo ministro de Trabajo se enmarcan en la ronda que Caldera empezó el pasado martes con la patronal CEOE. Ayer se analizó el mercado de trabajo, la situación de los trabajadores inmigrantes, la necesidad de avanzar en la igualdad de oportunidades y de trato y abordaron cuestiones como la contratación, la formación, el salario mínimo interprofesional (SMI), la negociación colectiva, políticas industriales y participación de los trabajadores, siniestralidad laboral y sistemas de protección social.
A su término explicaron a través de comunicados que tanto para los responsables de Trabajo como para los sindicatos existen "puntos de coincidencia en muchos aspectos económicos, sociales y laborales". Además, resaltaron la importancia del diálogo social para alcanzar consensos que propicien la mejora del sistema productivo necesaria para generar un crecimiento sostenido de la economía, crear más empleos, más seguros y con mayor calidad, y garantizar el Estado de bienestar, con el objetivo de afrontar los retos que se plantean para España tras la ampliación de la UE.
Las preocupaciones comunes son la calidad y la seguridad del empleo, y se disponen a abordar la desigual participación de las mujeres en la actividad laboral; la precariedad, vivida de forma más intensa por los jóvenes, con la concentración de elevadas tasas de temporalidad en algunos sectores, y los altos índices de siniestralidad. Junto a ello, otros retos consisten en la incorporación de un cada vez mayor número de inmigrantes y la necesidad de adoptar medidas que garanticen sus derechos laborales y sociales. Ambas partes han acordado seguir manteniendo contactos con el objetivo de potenciar el diálogo social entre el Gobierno y las organizaciones sociales.
