El 'pacto de inestabilidad' farmacéutico
Hay que empezar diciendo que sólo es un pacto para el control del gasto en medicamentos. Aun así llega tarde, incluso para el mandato que el Congreso de los Diputados hizo al Ejecutivo en diciembre del año anterior y que finalizaba el pasado junio para lograr un marco de estabilidad para todos los agentes. Una vez más se ha desaprovechado una ocasión histórica para que el diálogo en el sector modernizara el ámbito de las decisiones y diera paso a una política farmacéutica real y dinámica.
Este acuerdo no resuelve definitivamente las consecuencias de pactos similares anteriores, pero, además, se firma cuando empieza el declive temporal de la presente legislatura, por lo que su periodo de vigencia efectiva será en el mejor de los casos de un año y medio, con nuevos escenarios y protagonistas que lo cuestionarán, si es que alguna de las partes no lo interrumpe antes unilateralmente.
La industria farmacéutica ha ganado una vez más por goleada
Es un buen precedente que se haya abierto este tipo de pactos a otros agentes que no lo suscribían, pero al final los principales actores no han podido resitirse a actuar según los usos y costumbres inmemoriales y se han puesto de acuerdo primero entre ellos, firmando la Administración acuerdos parciales con distribuidoras, farmacéuticos y médicos. Todos ellos han negociado unilateralmente sus legítimos intereses pero no han dialogado entre sí. En consecuencia, todos han obtenido algo y han cedido en sus pretensiones, pero como casi siempre se han olvidado del ciudadano. Se nos podrá objetar que se ha tenido en consideración a las organizaciones de consumidores, y ello es un buen precedente, pero el ciudadano no sólo es consumidor usurio respecto del medicamento y su correcto uso.
Cuestiones tan trascendentes como la protección de la salud y sus derechos deben ser resueltas de una forma más operativa y tangible, con nuevas leyes sanitarias concretas, como una ley de protección de derechos de los pacientes usuarios consumidores y las modificaciones legislativas necesarias, como la reforma definitiva de la Ley General de Sanidad, que quizá pudiera promover el Defensor del Pueblo.
En un análisis frío, respecto a las posibilidades de lograr la contención del gasto con esta medida, digo que 'no puede ser y además es imposible'. La industria farmacéutica ha ganado una vez más por goleada ya que aporta menos que en otras ocasiones y se ha cuidado mucho de que el acuerdo mantuviera la posibilidad de revisión anual del precio de los nuevos medicamentos, cada vez más caros, y su fácil incorporación al mercado, sin estudios de coste-eficacia y seguridad respecto de los existentes, lo cual origina una sangría ilimitada del gasto.
Queda por ver el verdadero apoyo de la industria a la política de genéricos y precios de referencia. Las contribuciones de distribuidores, farmacéuticos y prescriptores son muy pequeñas para las enormes contraprestaciones que cada uno de ellos ha logrado, leáse problemas importantes sin resolver, importaciones paralelas, no salida de las especialidades farmacéuticas publicitarias de las farmacias y el mantenimiento intocable de la libertad de prescripción, que seguirá limitando el mercado de genéricos al no promoverse la receta por principio activo. La administración sanitaria ha demostrado sobre todo necesidad económica, rebajando sus pretensiones iniciales, y no se entiende para qué se necesitaba un mandato parlamentario para lograr este objetivo parcial. Siento decirlo, pero, citando a un amigo, 'no se debe confundir un pacto de estabilidad con un sistema de recaudación para cuadrar un presupuesto insuficiente'. Quizá ha primado la necesidad de potenciar la investigación farmacéutica en relación con el programa de Investigación y Desarrollo de la UE, pero aun así habría que haberles dado mayor protagonismo a las comunidades autónomas, destinatarias de las consecuencias de este acuerdo.
En conclusión, debiera pensarse que el sector farmacéutico tiene su propia identidad y que la política de contención del gasto farmacéutico no es sólo la del Insalud, es mucho más compleja, y nos afecta a todos pero no con la máxima de 'todo para el ciudadano pero sin él'.
Manuel Amarilla es abogado y presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico.
