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El fiscal ve probado que 'los Albertos' lograron un sobreprecio en Urbanor

El fiscal Emilio Valerio afirmó ayer durante la lectura de su informe definitivo en el juicio que se sigue contra Alberto Cortina, Alberto Alcocer, (los Albertos), Rafael Montes y Álvaro Álvarez Alonso por el caso Urbanor que ha quedado probado que los acusados obtuvieron un "sobreprecio" en la venta de sus acciones de la citada compañía en una cantidad coincidente con lo que los accionistas minoritarios dejaron de percibir. Valerio añadió que esta cantidad les era necesaria para poder acceder a la compra del paquete accionarial de KIO en el Banco Central.El fiscal no obstante ha reducido la petición de seis a acuatro años de cárcel para los procesados al eliminar en la acusación el agravante de que fueran múltiples los afectados como se decía en su escrito inicial.

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También el fiscal pidió que se investigue la supuesta participación en los hechos de Enrique Sarasola si se considera probada la conducta delictiva de la empresa panameña Hortwitz, accionista de Urbanor y cuyo representante es España era este empresario.

Durante su exposición, el fiscal basó la carta de la prueba en el contrato suscrito en Londres entre KIO y los accionistas mayoritarios de Urbanor, cuyas claúsulas valoraban en 231.000 pesetas el metro cuadrado de los solares donde se construyeron las torres KIO, que constituína el patrimonio de esta sociedad. Explicó que esta cantidad se incrementaría si Alberto Alcocer y Alberto Cortina convencían a los socios minoritarios para que vendieran su parte y que dicho incremento resultaba de la diferencia entre las 231.000 pesetas y las 150.000 que percibieron los minoritarios.

El fiscal mantuvo en su informe que la carta-oferta firmada por el representante de KIO en Londres, Donald Robinson, cuyo original no ha aparecido fue falsificada.

Por su parte, la acusación particular representada por el abogado Javier Boix mantuvo su petición de pena con el agravante de que perjudicó a 28 personas aunque los engañados fueran los dos demandantes (Pedro Sentieri del Grupo Astor y Julio San Martín de Construcciones San Martín). También pidió la acusación la deducción de testimonio contra Javier de la Rosa al considerar que éste mintió en el juicio al afirmar que cada parte negoció la venta con KIO por separado.

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